Los procedimientos fueron ordenados por el juez Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo, quien está a cargo de una investigación en la que se detectó el “funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes”, que operan dentro de esas villas de forma “organizada”.

“Hemos comenzado un plan llamado ‘Barrios Seguros’. El objetivo no son solamente los allanamiento de hoy sino comenzar un plan que ha sido exitoso en otras ciudades de Latinoamérica, como Río de Janeiro, Medellín y México”, anunció esta tarde a la prensa la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presente en los procedimientos.

“La idea es que haya barrios libres de droga, que no haya más violencia, para que se terminen las muertes”, afirmó.

“Vamos a establecer nuevos paradigmas: que no haya bandas de narcotraficantes y de narcomenudeo que invadan al barrio”, aseguró la funcionaria, que estuvo acompañada del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo; y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.

En ese marco, Roncaglia precisó que en los allanamientos, realizados por “más de seiscientos policías” fueron detenidas 13 personas mayores de edad que pesuntamente se dedicaban a la venta de drogas, se secuestraron 32 kilos de marihuana, gran cantidad de pasta base, que los especialistas estimaron suficiente para elaborar 20 mil dosis de “paco”, tres armas de fuego (dos de ellas 9 milímetros), una granada y “cuatro bombas molotov”.

En coincidencia con la ministra Bullrich, el jefe de la PFA destacó que lo más importante fue la puesta en marcha de “Barrios Seguros”, a partir del cual, “trescientos efectivos se van a quedar las veinticuatro horas recorriendo este barrio para evitar la venta de droga, un delito que le hace mucho daño a la juventud y a todas las personas”.

Según las fuentes, el personal de la Superintendencia de Drogas Peligrosas con el apoyo del grupo GEOF relizó allanamientos en las manzanas 102 y 105 del asentamiento.

El fiscal federal Jorge Di Lello contó esta mañana a la prensa que durante los procedimientos hubo “algunos tiroteos” y que la pesquisa está vinculada también a un enfrentamiento entre dos bandas, una integrada por peruanos y la otra por paraguayos.

Según el fiscal, los paraguayos se autodenominan “’San Pedranos’ porque proceden del pueblo de San Pedro, una población cercana a Asunción, muy pobre, cuya subsistencia se garantiza mediante la siembra de marihuana”.

“El objetivo final es ocupar el territorio para garantizar el orden, la sanidad y la libre circulación (…)  Ellos (por los narcos) tienen el objetivo de sustituir al Estado, tienen una mano de obra permanente, fundada en la precariedad y necesidad de la gente que vive en la villa, y el control y la seguridad lo realizan ellos”, explicó Di Lello.

Por su parte, el juez Lijo agregó que “estas estructuras criminales organizadas cuentan con procedimientos preestablecidos que tienen como fin evitar la intrusión de la Policía dentro de los asentamientos, y así dificultar las investigaciones judiciales”.

“Estas bandas se valen de numerosos inmuebles en el interior de la villa, al punto tal que toman manzanas enteras, y así estructuran sectorizadamente los lugares de venta, de acopio y de ocultamiento de estupefacientes y de armas”, precisó el magistrado.

De acuerdo a los investigadores judiciales, los narcos “usurpan” viviendas “estratégicas”, las que “resultan ser linderas a los puntos de venta, justamente, para así trasladar los estupefacientes de casa en casa con conexiones internas sin tener que desecharlos ante la intrusión policial”.

Así, los pesquisas descubrieron que estas bandas “diseñan y colocan puertas o rejas directamente en los ingresos y egresos de determinados pasillos sin permitir el acceso a personas ajenas a las estructuras criminales que llevan a cabo la actividad ilícita”.

El juez Lijo explicó que las bandas “cuentan con personas comúnmente conocidas como ‘centinelas’ o ‘satélites’, que se ubican en los techos de los domicilios y se encuentran armados” y que además de “brindarles seguridad frente a posibles peleas en el barrio” también vigilan “la zona para advertir la presencia de personas extrañas al lugar (de policías, entre otros).”

Por último, la Procuración General de la Nación recordó a través de su página web (www.fiscales.gov.ar) que la causa en la que interviene Di Lello se inició en agosto de 2012 a raíz de un llamado anónimo a la PFA que denunció que en el “Sector Playón” de la villa 31 “se comercializaba droga”.