Las funciones serán los lunes 14 y 21 de abril, y el jueves 24, en el cine Tita Merello de la universidad.

En el marco del ciclo Memoria, Verdad y Justicia, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) vuelve a proyectar el documental Una casa, una producción realizada por estudiantes de la Escuela Nacional de
Cine que recupera las voces de cuatro mujeres sobrevivientes de un centro clandestino de detención que
funcionó durante la última dictadura cívico-militar en una casa particular en el barrio de Floresta.

La película podrá verse con entrada libre y gratuita en el cine Tita Merello de la UNLa (29 de Septiembre
3901, Remedios de Escalada) los días lunes 14 y 21 de abril en dos funciones (9 y 13 h) y el jueves 24 de
abril a las 18.

En la pantalla, un galpón vacío se transforma en escenario de reconstrucción y memoria. Allí, las
protagonistas enfrentan los recuerdos más dolorosos de su paso por el centro clandestino. A partir de sus
testimonios, elaboran un croquis que coincide notablemente con el utilizado en una causa judicial abierta
en 2020, cuando el juez federal Daniel Rafecas logró confirmar que en Bacacay 3570, en el barrio
porteño de Floresta, funcionó un centro clandestino de detención bajo control de la ex Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE).

De la memoria personal a la denuncia judicial
El documental ya había sido proyectado el pasado 27 de marzo en la UNLa, en una función especial que
contó con la presencia de las protagonistas y los realizadores, quienes elaboraron la obra como parte de
su tesis de graduación. Allí se destacó el valor del “trasvasamiento generacional” en la construcción de
memoria, dado que los jóvenes cineastas, nacidos en democracia, encontraron en los relatos de las
sobrevivientes un camino para seguir visibilizando los crímenes del terrorismo de Estado.

En esa ocasión también se presentó el libro Poemas sobrevivientes, de Emma Le Bozec, una de las
detenidas en el centro clandestino que da origen al documental.

La historia detrás de Una casa está íntimamente ligada a la reapertura de causas por delitos de lesa
humanidad. En 2020, el juez Rafecas confirmó que en el inmueble de Bacacay 3570, que comparte
manzana con el ex centro clandestino Automotores Orletti, operó la Base de Operaciones Tácticas 18 de
la SIDE, en la que funcionó un grupo comandado por el represor Aníbal Gordon. “Las víctimas eran
introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y
sometidas a torturas con picana”, detallaron fuentes judiciales.

El peso de los recuerdos
Los testimonios de Emma Le Bozec, Ana Larrea de Jaroslavsky y la ya fallecida Mercedes Naveiro fueron
claves para identificar el lugar. Le Bozec recordaba: “La venda se me había despegado un poquito pero
no lo dije y disimuladamente levantaba la cabeza y veía”. Con esos fragmentos de memoria, junto a un croquis realizado por una vecina que compró la casa en 1977, el juzgado pudo corroborar la estructura original del inmueble.

Le Bozec declaró ante la Conadep en los años 80 y fue una de las primeras en señalar esa dirección.
Más de cuatro décadas después, el hallazgo del sitio exacto le permitió cerrar una herida abierta: “Es
como una revolución que tengo”, expresó al ser consultada por Página/12.

La sobreviviente también recordó escenas vividas durante su cautiverio: “Ahí describí en detalle todos los
lugares que reconocí. Yo le estaba dando pecho a mi hija más chica, me llamaban ‘la vaquita’ porque me
caía la leche de los pechos”. En uno de los momentos más vívidos de su relato, menciona que fue llevada
a la cocina del fondo, lo que le permitió observar la distribución de la casa: “Eso me permitió describir
todos los pisos y la estructura de la casa. Por suerte lo hice en ese momento, que tenía el recuerdo mucho más vivo”.

Un rompecabezas de la memoria
La reconstrucción de este centro clandestino fue posible gracias al trabajo del Juzgado Federal N.º 3, el
Programa Verdad y Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el impulso constante de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. Desde el juzgado se destacó también la
importancia de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, donde se menciona la
casa de Bacacay como una propiedad “alquilada y usada para operaciones oficiales” por el grupo de Gordon.

El caso fue incorporado como un nuevo tramo de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos
bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército. Rafecas ordenó preservar el inmueble y continuar tomando
testimonios.

Una casa no solo documenta ese proceso judicial, sino que da voz y cuerpo a la memoria. Con sensibilidad y respeto, el documental aporta una mirada íntima a un episodio aún poco conocido del terrorismo de Estado, y demuestra cómo la memoria viva, compartida entre generaciones, sigue siendo una herramienta poderosa contra la impunidad.