El titular del máximo tribunal provincial resolvió, tras recibir el miércoles el informe del Senado sobre el caso Candela, que la Subsecretaría de Control Disciplinario, Area Control de Magistrados “se haga cargo de investigar al juez Meade” por ese motivo, según una resolución a la que tuvo acceso Télam.

“A título personal, entiendo que el informe de la Comisión aborda profundamente las circunstancias del caso y enuncia aspectos de inusitada gravedad, los que de ser confirmados en las instancias correspondientes depararán trascendentes consecuencias”, concluyó.

De Lázzari explicó que tras haber “leído íntegramente el extenso informe producido por la Comisión, desde el punto de vista institucional” dispuso “ponerlo en conocimiento de los señores Ministros de la Suprema Corte”.

“Paralelamente se ha requerido al señor titular de la Comisión informe si ante la noticia de la probable comisión de hechos eventualmente ilícitos -al margen de la causa Candela en sí-, se han efectuado las denuncias pertinentes para en su defecto formalizarlas por mi parte”, indicó.

El jueves de la semana pasada la comisión recomendó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que exonere por el caso al jefe de la Policía provincial, Hugo Matzkin.
También reclamó que se someta a jury al fiscal general, Federico Nieva Woodgate; a los fiscales Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa; y al juez Meade, todos del Departamento de Morón.

El dictamen de la mayoría fue firmado por los senadores del FPV Jorge Ruesga, Jorge Donofrio, Cecilia Comerio, Emilio López Muntaner y Diana Larraburu, a quienes acompañaron María Isabel Gainza del CC-ARI y Omar Foglia del GEN-FAP, mientras que el sciolista Alberto De Fazio presentó otro dictamen y Julio Assef del Pro-Peronismo, elaboró otro.

Además, legisladores que integran la Comisión anticiparon que se denunciará ante la justicia al defensor oficial Oscar Rombola por incumplimiento de deberes de funcionario público y a Nievas Woodgate por mal desempeño de sus funciones.

En el informe se diferenció la responsabilidad judicial, la política y la policial, por lo que la Comisión recomendó a Scioli que también exonere al Director General de la Policía Científica, comisario general Pablo Vázquez; al entonces Superintendente de Seguridad Oeste, comisario general Sergio Bianchi.

Pidió, además, la exhoneración del jefe de la DDI La Matanza comisario mayor Marcelo Cheabriau y al director general de Investigaciones en Función Judicial, comisario general Roberto Castronuovo, entre un listado extenso de policías.

En el dictamen, se denunciaron serias “irregularidades, negligencia, complicidad” y se resolvió elevar el informe a la justicia federal por entender que el homicidio de Candela “se trató de un secuestro vinculado al narcotráfico” por lo que no debe seguir en la órbita de la justicia ordinaria.

Para el informe se evaluaron más de 2.000 fojas de información extrajudicial, 18.600 que están incorporadas en la causa y se tomaron 55 testimonios, informó el senador Ruesga.

También detalló que la Comisión trabajó cinco meses “porque era indispensable reconstruir el trayecto de la investigación” porque el expediente judicial “es caótico en su organización y está plagado de irregularidades”.

Candela, de once años, fue vista con vida por última vez el lunes 22 de agosto de 2011, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía, y el 31 de agosto apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa.

Por el caso, estuvieron detenidos Héctor “Topo” Moreyra (44), Hugo Bermúdez (53), Leonardo Jara (34), Guillermo López (31), Fabián Gómez (42), Alberto Espínola (31), Néstor Altamirano (55) y Gladys Cabrera (42).

A Moreyra se lo acusaba de haber contratado al resto de la banda para vengarse del padre de Candela, a Bermúdez de haber matado a la chica mediante asfixia, a Jara de haberla capturado haciéndose “el novio”, a Gómez y Espínola de dar “apoyo logístico” y a Cabrera y Altamirano de haber “cuidado” a la chica.

En abril, la sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón decretó la nulidad parcial del proceso, ordenó liberar a todos los detenidos y apartó al juez Meade.

Luego fue separado el fiscal Tavolaro y su reemplazante, Mario Ferrario, separó a la Policía bonaerense de la investigación.