Los legisladores oficialistas sostuvieron que la propuesta “compromete financieramente al Estado Nacional, y produce un fuerte impacto sobre las provincias que hoy tienen mecanismos de promoción de sus economías para atender situaciones de menor desarrollo relativo”.

En un comunicado, los senadores argumentaron que “atenta contra objetivos estratégicos como el desarrollo industrial con sustitución de importaciones de productos con alto contenido tecnológico, como es el caso del régimen de Tierra del Fuego”.

También manifestaron que el proyecto de Montero “tiene un costo fiscal de hasta 11.000 millones de pesos para el 2011, que debería afrontar la Nación, y pone en cabeza de las provincias los criterios últimos de otorgamiento y asignación de los recursos fiscales nacionales”.

Mañana a las 13, cinco comisiones del Senado debatirán varios proyectos sobre régimen de promoción industrial en busca de un dictamen unitario que permite la unificación las propuestas presentadas por el oficialista César Gioja, los radicales Laura Montero, José Roldán y Emilio Rached y los justicialistas disidentes de La Pampa Carlos Verna y María Higonet.

El encuentro se realizará en salón Arturo Illia del Palacio del Congreso y participarán los legisladores de las comisiones de Economía Nacional, Presupuesto y Hacienda, Coparticipación Federal, Economías Regionales y Justicia y Asuntos Penales.

Los senadores oficialistas se anticiparon hoy a criticar el proyecto de la legisladora cobista mendocina, en una medida poco frecuente en los últimos años, que otorga a la opinión un cierto cariz político, tras el desempata de Julio Cobos en la última sesión que permitió la aprobación de la suba de las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo.

Argumentaron que las medidas propuestas por Montero “suponen beneficios excesivos para el sector privado, siguiendo mecanismos ineficientes de asignación y controles poco efectivos”.
El bloque del FpV sostuvo que “en cuanto a las provincias alcanzadas por la Reparación Histórica (La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca) quedan subsumidas en el alcance de la promoción a una equiparación relativa con otras regiones más ricas y cercanas a los centros de consumo”.

En el comunicado también se destacó que “el proyecto tiene un sesgo a favor Mendoza al equipararla a provincias relativamente más pobres”.

Otra crítica al proyecto es que “no fija criterios de elegibilidad de los proyectos y se descuida la generación de empleo como eje del desarrollo” y “tampoco prevé políticas especiales para pymes, y elimina la capacidad del PEN de establecer políticas para mantener el equilibrio entre los intereses provinciales”.

El bloque oficialista expresó que a través de este proyecto “se relega el rol del PEN en la política industrial, por lo tanto este proyecto parece escrito pensando solo en algunas provincias y se inscribe en los intentos de la oposición tendientes a desfinanciar al Estado Nacional”.