La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para este miércoles a las 10, en el marco del a causa en la que ordenó, en el año 2008, la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza–Riachuelo. En la audiencia pública serán escuchados autoridades del Estado Nacional, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, así como también la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), quienes deberán explicar en qué punto están las tareas de limpieza del Riachuelo.

También expondrán ante la Corte Suprema el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quienes deberán informar las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en el fallo y sus observaciones.

De acuerdo con la resolución de la Corte, la audiencia pública tiene como objetivo que «el Tribunal tome conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el fallo, sobre la base de los informes orales que deberán efectuar personalmente ante este estrado los más altos funcionarios responsables de cada una de las jurisdicciones alcanzadas», según informaron fuentes judiciales.

La medida se inscribe en el marco de la denominada «causa Mendoza», donde la Corte Suprema dictó sentencia en 2008 «con relación a las pretensiones que tuvieron por objeto la recomposición y prevención del daño al medio ambiente existente en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo» para lo cual ordenó «la puesta en marcha de un plan de saneamiento». Para ello fue creada la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un ente tripartito integrado por los tres poderes ejecutivos, y fue designado el juez federal de Quilmes, Luis Armella, para hacer efectiva la sentencia y cumplir con el saneamiento.

El juez tiene «el ejercicio de las atribuciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones destinadas a la fiel ejecución de las obligaciones impuestas» cuya «ingente función» fue evaluada por los ministros en la resolución.

La convocatoria lleva la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y los ministros Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.