“Con este proyecto se deja afuera la figura de encubrimiento, que obligaba tener probado un delito anterior a la utilización de sumas sospechadas de orígenes ilícitos”, explicó el funcionario.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo contra el lavado de activos, que actualiza el tipo penal y el de financiamiento del terrorismo.

A partir de la implementación de la iniciativa “no será necesario que el delito anterior esté comprobado, sino que la sola utilización del dinero sin tener declarado el origen puede ser causa de investigación”, agregó Sbatella.

Por ese motivo, en el código penal quedaría inscripto como un delito autónomo.

Consultado sobre los montos que son considerados sospechosos, el funcionario indicó que “está previsto un umbral que va de los 300 mil pesos en adelante, para el cual hay penas de entre 3 y 10 años de prisión”.

“En cambio, cuando el dinero no declarado es menor a esa cifra, las penas son más leves”, detalló.

Otra particularidad que resaltó Sbatella es que “además se podrá incautar el dinero sospechado no como antes, cuando iba preso el jefe de la organización pero los que le seguían continuaban manejando plata en el circuito ilegal”.

Además, la figura de encubrimiento que obligaba a tener comprobado un delito anterior “dificultaba mucho el accionar de la justicia y demoraba todas las causas”, indicó.

Tras más de tres horas de debate, los integrantes de los principales bloques de la Cámara acordaron un texto en el que se subsanaron la mayoría de las diferencias, que aparecían en los tres dictámenes emitidos oportunamente por las comisiones de Legislación Penal y Finanzas.

La iniciativa fue aprobada en general con 181 votos afirmativos y siete abstenciones, pertenecientes principalmente al bloque de Proyecto Sur.

El oficialista Frente para la Victoria fue el principal impulsor del proyecto, junto con el Ministerio de Justicia y la UIF, destacó Sbatella.

El proyecto permitirá que la Argentina se ajuste a las normas globales adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de Capitales (GAFI), que el país integra desde hace once años.

La iniciativa deberá ahora ser tratada por la Cámara alta.

El objetivo es además que la Argentina tenga esta legislación antes del 20 de junio, cuando deberá exponer su situación ante el plenario del GAFI en México.

El texto acordado contempla además ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.

Además, deja en manos de la UIF el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráfico y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la administración pública, de la prostitución de menores y pornografía infantil.