Estas edificaciones clandestinas equivalen, por ejemplo, a poco más que la superficie total de la localidad de Lomas de Zamora, así como también es una superficie similar a lo que significan 306 mil viviendas tipo, de la que otorga el Estado en los planes sociales.

El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia, Lic. Martín Di Bella, explicó que “todos los días llevamos adelante acciones para detectar construcciones y ampliaciones que no fueron declaradas por los contribuyentes. Nuestra tarea se apoya en el uso de tecnología satelital, el cruce de información con las bases de datos de otros organismos y, al mismo tiempo, en el trabajo de campo que desarrollan los inspectores de la Agencia. Esa labor en equipo permitió que durante el último año pudo detectar Arba un promedio diario de 59 mil metros cuadrados”.

Los constantes relevamientos catastrales que realizó el gobierno de Daniel Scioli durante el último año permitieron detectar, contando complejos hoteleros, paseos comerciales, restaurantes, edificios y viviendas particulares, más de 150 mil partidas inmobiliarias con irregularidades. Cada uno de esos propietarios trató de esconderle a la Provincia un promedio de 147 metros cuadrados.

En detalle, el trabajo de los agentes de Arba se basó en la utilización de tecnología de punta, y para tener una idea de la magnitud que representan estos más de 21,4 millones de metros cuadrados sin declarar, vale estimar que corresponde a una deuda de casi 265 millones de pesos del impuesto inmobiliario.

Vale recordar que según dispone el artículo 81 de la Ley de Catastro provincial, los propietarios, poseedores a título de dueño o responsables de los inmuebles, sean personas físicas o jurídicas, de carácter privado o público, estarán obligados a denunciar cualquier modificación que se introduzca en las parcelas de su propiedad, posesión o jurisdicción a través de la presentación de una Declaración Jurada de Avalúo ante la Dirección Provincial de Catastro Territorial, dentro del término máximo de treinta días contados a partir de que tal modificación se encuentre en condiciones de habitabilidad o habilitación.

Di Bella agregó que “desde Arba apelamos a la responsabilidad de los contribuyentes y los instamos a que cada vez que construyan o realicen mejoras en sus inmuebles cumplan con la obligación de actualizar sus datos catastrales. Las construcciones recientes, el reciclaje o remodelación de casas antiguas y las mejoras edilicias en las viviendas son reflejo de la capacidad contributiva de los ciudadanos, y es justamente esa capacidad la que determina la magnitud de las obligaciones fiscales”.

En ese sentido, el director de Arba consideró que “todos tenemos que saber que las cuestiones impositivas están regidas por un principio solidario. Eso significa que cada persona contribuye en función de su capacidad patrimonial y aporta, a través del pago de impuestos, al sostenimiento de un sistema público que brinda servicios al conjunto de la sociedad. De esta manera, cuando un propietario declara en forma fehaciente los metros construidos que tiene su inmueble, y paga los impuestos en función de esos datos, posibilita que todos los ciudadanos de la Provincia, sobre todo los que se encuentran en una situación económica más desventajosa, puedan acceder a las prestaciones públicas de salud, educación, seguridad, justicia, etc.”.