La decisión de la corte de la capital dio la razón a la apelación presentada por el gobierno, que argumentó “falta de imparcialidad” por parte del juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia.

Catta Preta había fundamentado su decisión en el riesgo de que Lula use su cargo para promover una “intervención” en la actividad de investigación de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

La oposición y ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula, pero el gobierno anunció que va a recurrir todas ellas.

Las causas cuestionan la legalidad del nombramiento debido a los procesos abiertos contra Lula por supuesta corrupción y por el peligro de que use su cargo para obstruir la justicia, reseñó la agencia EFE.

Lula es investigado por supuestos delitos como lavado de dinero y falsificación y dos de los procesos abiertos contra él estaban en manos del juez Sergio Moro, titular del décimo tercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, pero fueron transferidos al Supremo
debido a que el cargo de ministro le concede fuero privilegiado.

Uno de los argumentos que usó la jueza de Río de Janeiro fue que el Tribunal Supremo es una corte en la que “siete de sus once
magistrados fueron nombrados por el partido actualmente en el gobierno”.

La decisión definitiva acerca de la validez jurídica del nombramiento será tomada precisamente en el Supremo, una corte en la que tramitan por lo menos diez causas en contra presentadas por la oposición.