La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) afirmó que cumple con todos los controles industriales, a raíz de una denuncia efectuada por Greenpeace, que el martes último realizó un bloqueo a un efluente de la curtiembre Antonio Espósito en la localidad de Sarandí, tras comprobar que vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo.

«Según una ONG ambientalista, una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. ACUMAR informó que ya había intimado a esa empresa a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por el organismo, y el mismo está en proceso de ejecución», aseguró el organismo en un comunicado.

«Este proceso fue verificado constantemente por la ACUMAR, que ha realizado su última inspección el día 18 de enero del corriente año», señaló.

En tanto, el presidente de ACUMAR, Juan José Mussi, afirmó que «llama la atención que esta ONG no cuestione al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incumple constantemente con los fondos que tiene que aportar para este organismo como lo indicó la Corte».

«La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo informa que está cumpliendo en todo lo que respecta al control industrial, incluso con las empresas relacionadas con la producción de curtiembres», se indicó.

Se agregó en el comunicado que «al día de la fecha Acumar ha relevado a todos los establecimientos industriales de la cuenca, ha declarado como agente contaminante a los que la contaminaban, y los ha intimado a presentar un Programa de Reconversión Industrial (PRI)”.

De los 1.571 agentes contaminantes, 1.130 presentaron su PRI y recibieron la aprobación de la ACUMAR y están próximas a cumplimentar sus procesos de reconversión 800 industrias de la Cuenca.

Vale remarcar que 239 establecimientos fueron clausurados por ese organismo, mientras que 300 empresas ya han finalizado las tareas comprometidas en los planes de reconversión y dejado de contaminar.
La Corte Suprema de Justicia indicó que ACUMAR deberá cumplir «la realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la cuenca Matanza-Riachuelo; la identificación de aquellas que se consideren agentes contaminantes» y «la intimación a todas las empresas identificadas como agentes contaminantes que arrojen residuos, descargas, emisiones, para que presenten a la autoridad competente el correspondiente plan de tratamiento».

Asimismo, la Corte indicó que ACUMAR estará obligado a «la puesta en conocimiento de las líneas de créditos existentes y disponibles para las empresas» a los fines de que reconviertan sus procesos productivos.

«Eso mismo es lo que está haciendo ACUMAR. Y es lo que realizó para con la firma Antonio Espósito S.A. sobre la cual Greenpeace ha bloqueado un vuelco de efluentes. La curtiembre en cuestión ha sido relevada, y declarada agente contaminante. Se la intimó a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por este organismo, y el mismo está en proceso de ejecución», se informó.
En el comunicado se señaló que «este proceso, fue verificado constantemente por la ACUMAR quien ha realizado su última inspección el día 18 de enero del corriente año».

«Mientras dure el mismo, el organismo no está facultado a clausurar el vuelco, el cual implicaría el cese de tareas de la empresa, con la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo de una de las principales firmas exportadoras del sector», destacó el comunicado.

«Es fácil buscar la tapa de un diario con acciones publicitarias, que sólo pretenden llamar la atención de la población, y no así la solución real al problema. Este organismo no puede clausurar el vuelco de una industria con proceso de reconversión iniciado, y sin objeciones en cuanto a su implementación», sostuvo el organismo.
Por último, se indicó que «El cese de los vuelcos no es inmediato, porque de lo contrario implicaría la clausura de las 1.571 industrias hasta tanto reconviertan sus procesos industriales. Y es la misma Corte Suprema la que establece los pasos a seguir, los cuales cumple estrictamente este organismo».

El bloqueo de Greenpeace
Greenpeace informó que bloqueó la salida de los efluentes de la Curtiembre Antonio Esposito, tras obtener resultados de laboratorio que prueban que sus caños arrojan cromo en cantidades 12 veces superiores a las permitidas.

«Además, la empresa vierte ilegalmente esta y otras sustancias tóxicas en las aguas del Arroyo Sarandí. Su dueño, Aldo Rubén Esposito, también es miembro del directorio de la empresa Tratamiento de Efluentes Avellaneda (TEA), que dispuso clandestinamente cromo en estado sólido en los predios vecinos a la vera del mismo arroyo. A su vez, Espósito preside una organización de empresarios de las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista que promueve el desarrollo sustentable, la responsabilidad social empresaria y el cuidado ambiental», denunció la ONG ambientalista.