A un año y cinco meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Anselmo Sella, emitió un pormenorizado y crítico informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dictadas por el máximo tribunal, muchas de las cuales no se han llevado a cabo.

En el documento se destacan leves avances en la ejecución de los programas, pero numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que “se espera sean subsanados durante 2010 por la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR)”.

Se puede destacar, entre otros aspectos, que “no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial”. El texto del Defensor también denuncia que “se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental”.

El informe propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y añade que “es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente”, asegura entre otros puntos dicho Informe.

El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos.