En la semana del Día Nacional por una Argentina sin Chagas – que se conmemora el último viernes de agosto de cada año – ACIJ solicitó al Poder Ejecutivo que reglamente la Ley de “Prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas”. Se trata de una problemática de salud socio-ambiental que en Argentina afecta a más de un 1.5 millón de personas que viven con el Trypanosoma cruzi, parásito que causa el Chagas. Es la enfermedad endémica más extendida en el país y se calcula que más de 7.3 millones de personas están expuestas al contagio por vectores (vinchucas) y que cada año nacen 1500 niñas y niños con Chagas connatal.
Si bien el Congreso Nacional, a través de la ley, estableció el carácter prioritario de las políticas de Chagas para el Ministerio de Salud, su implementación a nivel federal todavía dista de ser una realidad. El acceso a la salud y la prevención son muy diferentes en las diversas provincias. Los informes de la Auditoría General de la Nación de 2012 y 2018 hacen un claro diagnóstico de las falencias en la implementación a nivel federal.
La reglamentación debe dictarse: (i) como resultado de un proceso amplio de participación activa del Estado, especialistas de las disciplinas relevantes, la sociedad civil y las personas que viven con Chagas, (ii) detallando las obligaciones del Estado Nacional y las Provincias para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de salud, educación y comunicación.
Una política pública adecuada para frenar el avance del Chagas es una política que garantice los derechos de las personas expuestas a contraer la enfermedad por vía vectorial y a las niñas y niños que nacen con ella y muchas veces no acceden al tratamiento.
Reglamentar la ley, para lograr claridad en las responsabilidades y actuaciones de los diferentes actores involucrados en la prevención y atención del Chagas, es un primer paso que el Estado Nacional debe dar para revertir la invisibilización y la negligencia en el tratamiento de esta problemática socio-ambiental.