La Cámara de Senadores bonaerense aprobó esta tarde el proyecto de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año próximo que prevé gastos por más de 180.000 millones de pesos y el proyecto de Ley Impositiva que no contempla aumentos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural.
Las iniciativas, que fueron aprobadas y giradas a la Cámara de Diputados que tiene previsto sancionarlas esta noche, contaron con el apoyo de los legisladores del Frente para la Victoria y fue acompañada en general por el Frente Renovador y el resto de los bloques opositores, que cuestionaron sólo algunos artículos de la norma.
Los proyectos pudieron ser tratados hoy luego de un acuerdo al que arribaron el oficialismo y el Frente Renovador que pidió al gobernador una serie de condiciones para aportar los votos necesarios que requería el endeudamiento por más de 14.000 millones previsto en la ley de presupuesto.
El gobernador, Daniel Scioli, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, confirmaron esta mañana que habían logrado un acuerdo para el tratamiento del presupuesto, al que el Frente Renovador logró incorporarle que un endeudamiento por 1035 millones sea asignado a seguridad y justicia, además de obras para municipios gobernados por esa fuerza política.
También logró un cargo en el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, para el que fue designado el dirigente de Bahía Blanca, Dámaso Larraburu.
En declaraciones radiales, Scioli explicó que “me pareció muy importante, por el bien de la provincia y de nuestra gente, que prevalezca la responsabilidad y la buena fe para que cada uno pueda cumplir con su responsabilidad”.
Consideró que esa “demostración de madurez y responsabilidad le va a dar a la gente tranquilidad, seguridad y confianza”.
En tanto, Massa coincidió con el gobernador al afirmar que “para nosotros es importante tener la posibilidad de poder contribuir de manera responsable a que la Provincia tenga una herramienta institucional como es el presupuesto”.
“Tenemos la sensatez de que uno tiene que fijar posición con firmeza, pero también tiene la responsabilidad de dar herramientas para gobernar”, planteó el jefe comunal de Tigre y celebró el “haber sido escuchados”.
Además, el gobernador acordó con el resto de las fuerzas políticas posponer el aumento del 18 por ciento del impuesto Inmobiliario Rural y Urbano previsto en la ley Impositiva y cuya recaudación, unos 900 millones, iban a ser destinados a seguridad.
Al tratar el proyecto en el recinto, la titular de la bancada de senadores del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, aseguró que el presupuesto expresa en cifras el esfuerzo que la provincia hará para mantener el empleo y la seguridad social.
En la misma sintonía se pronunció su par de bancada, Patricio García, quien afirmó que “vamos a cumplir con un objetivo que es encontrar el punto de encuentro que nos permita hacer de esta Cámara lo que los bonaerenses esperan: responsabilidad y colaboración con la gobernabilidad”.
El titular de la Comisión de Presupuesto defendió además que el presupuesto no contemple pauta salarial “porque sería anticiparnos o fijar metas previas, sin dejar que discutan salarios libremente nuestros empleados públicos con el gobierno provincial en paritarias”.
La senadora Malena Baro, del Frente Renovador, afirmó que “el presupuesto es una herramienta, pero hay que decir que el gobernador tiene que eficientizar el modo en que gasta” y opinó que “sólo un 9% del presupuesto queda reservado para la inversión, atender demandas de salud, seguridad, educación e infraestructura, y el resto es pago de salarios”.
El Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el 2014 prevé gastos por un total de 180.506.022.412 pesos, lo que significa un incremento del 23 por ciento respecto al del corriente año.
Si bien no está contemplada la pauta salarial, se estipula la creación de 6.000 nuevos cargos para la Policía, 3.500 para Salud y 1.200 para la Policía Judicial.
De acuerdo al proyecto de Presupuesto, la Dirección General de Cultura y Educación tendrá asignados 53.000 millones de pesos; Justicia 4.000 millones; Seguridad 14.000 millones; más de 39.000 millones para Economía y más de 12.000 millones para el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá un presupuesto de 5.000 millones de pesos; casi 3.000 para Infraestructura; 395 millones para Producción; 231 millones para Asuntos Agrarios y algo más de 8.500 millones de pesos para el Poder Judicial.
La administración central tendrá asignados más de 91.700 millones de pesos, mientras que la Gobernación contará con 2.400 millones; la Secretaría General con algo más de 1.400 millones; la de Derechos Humanos con 38 millones; la de Participación Ciudadana con 44 millones; la de Espacio Público con 109 millones y la de Niñez y Adolescencia casi 882 millones, entre otras partidas.