El Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal supervisó los operativos y explicó que «se trata de un fraude millonario a las compañías de gas por la sustracción del servicio de modo clandestino pero además por el riesgo enorme de explosión o de cualquier otro siniestro que pueda derivar de la utilización de estos métodos ilegales en distintos lugares industriales de la Provincia».
«De acuerdo con las investigaciones judiciales, los delincuentes tenían vinculación con personas en determinados lugares con los que hacían los contactos, ofrecían el servicio y conectaban de forma clandestina el servicio» precisó el Ministro y agregó que «en algunos casos los establecimientos industriales tenían el medidor oficial y paralelamente la conexión clandestina de mucho volumen, ya que se tratada de consumos de gran tamaño».
Además, detalló que «las diez empresas, hasta ahora involucradas, utilizaban herramientas hábiles para poder hacer conexiones como las hace la empresa pero el solo hecho de hacerlo de modo clandestino y de forma nocturna, generaba más precariedad, ya que no poseían las pruebas de verificación correspondientes».
«Son conexiones que se hacen a cuatro metros de la original y en algunos casos al caño maestro, que era perforado con un aparato especial con el fin de instalar un regulador» enfatizó Casal y puntualizó «es una operación de altísimo riesgo que podía haber provocado un desastre».
Se realizaron 30 allanamientos, donde se detuvo a 15 hombres y 2 mujeres, en distintas empresas del Gran Buenos Aires y trabajaron más de 500 efectivos de diversas áreas de las Policía: Seguridad Operativa, Seguridad Siniestral, Investigaciones y Bomberos.
En la causa interviene la Dra. María de los Ángeles Attarian Mena, titular de la UFI descentralizada de Berazategui perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes.