En el artículo 23 de la Constitución Nacional se establecen las diferencias para la concurrencia de los requisitos de la declaración del estado de sitio, uno correspondiente a la seguridad interior –conmoción interior- y otro referido a la defensa nacional –ataque exterior-. El artículo 75 inc. 29 es claro en lo que respecta a la distribución constitucional de competencias del Poder Legislativo respecto de la seguridad interior y la defensa nacional y en artículo 99 inc. 16 respecto de la atribución de competencias presidenciales en relación a la seguridad interior y la defensa nacional.

Asimismo es violatorio de la Ley de Reorganización de las Fuerzas Armadas Nº 24948 que reconoce en su artículo 6 sólo 4 supuestos de utilización del instrumento militar: A) Operaciones convencionales en defensa de los intereses vitales de la Nación B) Operaciones en el marco de las Naciones Unidas C) Operaciones en apoyo de la seguridad encuadradas en la ley 24059 –Ley de Seguridad Interior- D) Operaciones de apoyo a la comunidad nacional o de países amigos.

El decreto es además violatorio de la Ley de Defensa Nacional Nº 23554 ya que la misma prevé que el Poder Ejecutivo Nacional, con previa aprobación del Congreso Nacional, puede declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la defensa nacional, deban ser sometidos a la custodia y protección militar.

Consideramos que el decreto representa una evidente amenaza al sistema político e institucional construido a partir de la vuelta de la democracia en 1983 establece un principio delimitador que distribuye y asigna roles absolutamente diferenciados a la defensa nacional, en manos de las Fuerzas Armadas, y a la seguridad interna, en manos de las Fuerzas de Seguridad y que constituye un pilar básico de nuestra democracia.
Queda claro que los legisladores argentinos dejaron expresamente delimitado el marco de actuación del instrumento militar y sus hipótesis de empleo, quedando vedada otra posibilidad.
Fuerzas armadas represivas ¡NUNCA MÁS!