Aclaró: “Esto no va en favor del trabajador. Cuando un empleado tiene que esperar entre tres y cinco años para recibir lo que le corresponde, que debería recibirse de manera abreviadísima, no está bien. Cuando todas las instituciones que deberían ayudar a mejorar los servicios de conciliación estaban dadas vuelta para mejorar la industria del juicio, evidentemente había objetivos muy claros que eran trabajar sobre el conflicto, porque ahí se generaban estos recursos, que el año pasado fueron alrededor de 600 millones de dólares. Hay ahí muchos estudios laboralistas que se beneficiaron.”

Advirtió que “lo segundo tiene que ver con trabajar con el fuero laboral. Nosotros les tenemos que dar todos los elementos para que puedan hacer su tarea de manera equilibrada. Si la cantidad de demandas que se presentan son 115.000, como sucedió el año pasado, y la capacidad operativa que tiene la justicia laboral en la ciudad de Buenos Aires es de entre 35.000 y 40.000 juicios, ese enorme diferencial hace que muchos litigios no tengan solución de la manera que debieran tenerla, y nosotros tenemos que ayudar a resolverlos. Cerca de un tercio de los miembros de las salas en la cámara laboral estaban vacantes, más de 50 juzgados en la primera instancia también lo estaban. Hay que ir cumpliendo con esto y haciendo los concursos, como forma de aclarar muchas de las cuestiones”.

En materia normativa el titular de la cartera laboral dijo: “Estamos trabajando abiertamente y en diálogo con los sectores sindicales y sectores empresarios sobre las adecuaciones que tienen que concretarse”.