Tras la reforma del impuesto a las ganancias, un 80% menos de jubiladas y jubilados van a estar sujetos a retenciones

Informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV.

La llegada de la pandemia hace más de un año apresuró la necesidad de recuperar y proteger los ingresos de quienes estaban más afectados por la crisis económica desarrollada entre 2018 y 2019. Uno de los principales sectores de la sociedad que fue vulnerado por las políticas de sobreendeudamiento, aumento de tarifas y desregulación del mercado financiero, fueron los jubilados y jubiladas que vieron caer el poder de compra de sus jubilaciones en 18,2% entre 2016 y 2019.

En este sentido, la jubilación mínima pasó de tener la capacidad de adquirir 1,75 Canastas Básicas Totales de un Adulto mayor de 60 años en septiembre 2017, a caer a tan solo 1,34 en diciembre 2019. Los aumentos de tarifas y la disminución de beneficios indirectos a un sector de la población que posee altos niveles de consumos de alimentos, bebidas y medicamentos, afectaron de manera directa la calidad de vida de las personas mayores.

Luego de este deterioro, con la suspensión de la Ley de Movilidad sancionada en 2017, que provocó una pérdida de 19,5% del poder adquisitivo de las jubilaciones en tan solo 2 años, se logró mantener en el año de la pandemia la relación entre la canasta básica y la jubilación mínima. Sin embargo, la situación de los ingresos de cada jubilado y jubilada difirió significativamente respecto al 2019.

Desde la asunción al gobierno de Alberto Fernández se generaron diversas medidas que impactaron de manera directa en los ingresos jubilatorios. En este sentido los Bonos Extraordinarios otorgados en los meses de diciembre 2019, enero y abril 2020, se complementan a los aumentos por decreto que reemplazaron la actualización de los haberes por fórmula hasta marzo 2021, mes en el que se aplicó una Nueva Fórmula de Movilidad, y con los nuevos Bonos Extraordinarios que se entregan en abril y mayo 2021.

Entre diciembre 2019 y noviembre 2020 se prorrogó el pago de cuotas de Créditos ANSES de 2,6 millones de jubilados y pensionados generando un ingreso indirecto de $1.500 por jubilado/a. Durante el 2020 a esa medida se la complementó con el congelamiento de tarifas, que impacta de manera directa en los costos mensuales de las personas mayores.

Por el lado de las jubilaciones más altas, quienes reciben entre 6 y 8 haberes mínimos se verán Beneficiados quedando excluidos/as del pago del Impuesto a las Ganancias gracias a la nueva modificación que eleva el piso de 6 a 8 haberes mínimos. Esta política beneficia a más de 130 mil jubilados y jubilados generándoles un ahorro mensual de entre $3.100 y $4.200. En total, este sector de jubilados de ingresos medios/altos recibe entre el programa de Beneficios ANSES y esta política un incremento indirecto del 6,3%.
Actualmente las medidas de ingresos indirectos se registraron principalmente a través del crecimiento del Programa de Beneficios ANSES que otorga un 10% de descuento para consumos de hasta $1.000 por compra con tarjeta de débito de beneficiaros de la Seguridad Social.
Estimando que un 38% del consumo de las personas mayores está destinado a bienes que son alcanzados por este beneficio, el ahorro mensual alcanza los $781 al mes para jubilados/as de la mínima y $4.690 al mes para jubilados/as de 6 haberes mínimos.

Para jubilados/as de la mínima también se otorga el beneficio de la reintegración del 15% del IVA que realiza AFIP en consumos de hasta $700. En total, sumando todos los beneficios indirectos, un jubilado de la mínima ahorra un 25,2% de su haber, recibiendo un aumento indirecto de $5.181,7.

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