Expresa, en los fundamentos, que el Estado Nacional ha iniciado la implementación de medidas efectivas tendientes a revertir los indicadores negativos de la economía argentina, mediante acciones concretas destinadas a superar la crisis que atraviesa el sector agropecuario.

Entre aquellas acciones –agrega- se encuentra la de eliminar las trabas y restricciones que limiten la plena capacidad de desarrollo de todo el sector, teniendo como meta el aumento de las superficies sembradas, así como el fortalecimiento de la producción de cereales, de las economías regionales, y de todos los mercados agropecuarios en general.

Destaca que la Argentina presenta condiciones agroecológicas altamente favorables para la producción orgánica, posicionándose como el segundo país del mundo en cantidad de hectáreas bajo seguimiento orgánico.

Agrega que  la demanda de productos orgánicos representa un mercado con alto potencial de desarrollo nacional, encontrándose además en continua expansión a nivel internacional.

Por ello –dice- resulta conveniente dictar medidas que propicien un incentivo para exportar productos de tipo orgánicos, en tanto generará asimismo una mayor producción de mercaderías con valor agregado.

Por otra menciona al sector ovino, en el cual –dice- la existencia de los derechos de exportación en la cadena implica distorsiones y desequilibrios en los precios pagados en la primera venta, restando competitividad a dicho sector. Señala que la producción ovina constituye casi la única alternativa en numerosos ambientes agroecológicos, por lo que la introducción de mejoras en la rentabilidad del sector se verá reflejada en un proceso de inversión y crecimiento de las comunidades en las cuales se desarrolla la actividad.

El Decreto lleva la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri, del Jefe de Gabinete, Marcos Peña y de los ministros de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso de Prat Gay y de Agroindustria,  Ricardo Buryaile.