El presidente Mauricio Macri firmó un decreto para habilitar un régimen de retiro voluntario para el personal de toda la administración nacional. El programa de ajuste en el Estado está destinado a miembros del Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la Anses como a la AFIP, el Senasa, INTA e INTI, entre otros.

La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial bajo el decreto 263/2018 y se estima que podrían adherirse entre 3000 y 5000 empleados públicos, que no podrán ser reemplazados.

La medida establece una serie de condiciones para acceder: tener 65 años 0 más y contar con los años de servicio necesarios para jubilarse, tener entre 60 y 65 años, o tener hasta 60 años de edad, con dos o más años de antigüedad en las entidades y jurisdicciones previstas.

A su vez no podrán participar del régimen personal de las fuerzas armadas en actividad o retirado, de las fuerzas de seguridad y policiales en actividad o retirado, de la Agencia Federal de Inteligencia. La misma suerte corren los docentes, profesionales de la salud, del servicio exterior o científico técnico.

Además tampoco incluye a aquellos que se encuentren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública, sumariados, o hayan reclamos administrativos o demandas judiciales contra el Estado.

Quien cumpliese con todos los requisitos mencionados recibirá retribuciones de 24 a 36 cuotas mensuales equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social. Si el beneficiario se jubilara dentro de ese plazo, el plan se vería interrumpido.

En el caso de los menores de 60 años, con más de dos años de trabajo, las cuotas serán del 70% del sueldo neto y crecientes según la antigüedad. Pero podrán reinsertarse en el sector privado y percibir un sueldo simultáneo al plan.

El decreto que lleva la firma de Mauricio Macri rige para los empleados de categoría planta permanente y para quienes se rijan por ley de contrato de trabajo.