“Así es que desde el Ejecutivo Municipal de Avellaneda, se propone y el Cuerpo Legislativo aprueba, una Ordenanza viciada en la propia narración administrativa, violentando a su vez el principio de NO confiscatoriedad en materia tributaria, diciendo nada del pago por la misma materia legislada.

La Municipalidad no tiene autoridad para determinar la Utilidad Pública, es en el ámbito provincial que rige la Ley General de Expropiaciones de la Provincia de Buenos Aires (N° 5708) donde se establece que las expropiaciones deben practicarse mediante ley provincial especial que determine explícitamente el alcance de cada caso y la calificación de utilidad pública o interés general.

La Ordenanza es inconstitucional porque en su art. 10 se prevé que es el Concejo quien tiene la capacidad de dictar la utilidad pública de un bien lo que es ilegal por los motivos arriba expuestos.

Asimismo, el objeto del instituto de la expropiación es privar a un privado de un bien por una causa de utilidad pública (es decir, la existencia de un bien común o colectivo a los fines de encontrar el desarrollo colectivo o de la comunidad).

Queda a las claras que los fundamentos de la Ordenanza, a pesar de amañar los argumentos para encontrar algún sentido colectivo, son poco solidos porque la causa para declarar la utilidad pública se basa en la morosidad del contribuyente en el pago de una tasa especial por no desarrollar o edificar en su inmueble, etc.

No parece tener un sólido interés público sino un trasfondo de un negocio inmobiliario municipal.”