La ley 26.743 estableció que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad”.

Desde el 9 de mayo de 2012 hasta la fecha, la norma recibió elogios internos, principalmente de los miembros del colectivo LGTB y las asociaciones que representan sus derechos, y también externos, como el que realizó las Naciones Unidas al destacar que “garantiza la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas trans”.

“Representa grandes avances y la cantidad de personas que se inscribieron con su nuevo DNI en estos tres años ya llegó a más de 4.235 personas”, destacó a Télam el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti.

“Este reconocimiento del Estado abrió una nueva perspectiva de la comunidad para que puedan buscar trabajos, estudiar y sobre todo tener un documento para que te traten como sentís”, añadió el dirigente, que hoy se reunirá con el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, para hacer un balance de los tres años de la ley.

Cigliutti subrayó que la normativa, que reconoce la identidad de género autopercibida, sin obligación de una intervención médica, “reconoce la dignidad, los derechos y genera un montón de cosas buenas” en la comunidad.

Por su parte, el presidente de la organización “100% diversidad y derechos”, Martin Canevaro, señaló que “esta ley viene a reconocer a cada persona como tal y genera un cambio cultural”.

Pese a celebrar los tres años de su sanción y todos los avances que hubo en la materia (donde se incluye la sanción de la ley de matrimonio igualitario en 2010), el dirigente explicó que “aún falta mucho por hacer”.

“La discriminación institucional de la que era víctima la comunidad trans dejó heridas en la sociedad que se expresan todavía con discriminación, por lo que hay que trabajar mucho para que la inclusión sea plena”, manifestó.

“No hace muchos años el mismo Estado criminalizaba a la comunidad trans con códigos contravencionales o en la misma ley que en el ejercicio de la medicina prohibía intervenciones para adecuar la genitalidad a la identidad de género autopercibida”, explicó.

“La población trans nos empezamos a dar cuenta que teníamos derechos y a reconocerlos con la identidad que nos dio la autonomía de empezar a proyectar una vida”, celebró por su parte Daniela Ruiz, activista y representante de la primera cooperativa de trabajo teatral conformada casi íntegramente por personas trans.

“El reconocimiento de la ley de identidad nos establece como personas”, manifestó y al igual que Canevaro aclaró: “El Estado está, ahora falta la sociedad”.

En ese sentido indicó que “falta el trabajo real inclusivo educativo en la sociedad para que la integración sea completa” y lo ejemplificó con la situación laboral donde “el DNI sirve poco si igualmente no te dan laburo”.

La militante también habló del desafío de acabar con aquellos registros civiles “en los que no se cumple la ley y muchas chicas ya no van a hacerse los documentos por el miedo a que les digan que no”.