La inflación mantiene su ritmo de avance incesante, a más de dos años de la “normalización económica” impulsada por los representantes del establishment. La expresión de la batería de cambios en materia de control de precios, se centró en el esquema de metas de inflación, importado de otras experiencias históricas contemporáneas. Su adaptación a la realidad económica argentina muestra limitantes, debido a la disparidad de fenómenos que son causales de la inflación. En nuestro país, además de visión clásica de una demanda superior a la oferta, que empuja al regulador a emitir billetes, se destacan los fenómenos de puja de poder adquisitivo, la inflación importada y, muy en particular, la inflación cambiaria. Los objetivos ambiciosos de la trayectoria de desinflación reflejaban un optimismo descomedido. El desacople respecto a los números observados y las proyecciones venideras, redunda en un alto costo de credibilidad para la autoridad monetaria. En el marco de un proceso de ajuste tarifario sobre servicios regulados que aún se encuentra a mitad de camino, la presión directa e indirecta (vía insumos) sobre precios es significativa. Por caso, en el último mes y a lo largo del primer trimestre de 2018 se sucederán una serie de aumentos de tarifas, definidos o autorizados por el Poder Ejecutivo. Su impacto efectivo sobre el IPC determinará buena parte de las perspectivas de cumplimiento de la meta inflacionaria del corriente período.
Para poner en contexto, en el presente material proponemos analizar los futuros aumentos de tarifas, tanto en términos desagregados como en forma integral, sobre la afectación al poder adquisitivo de la población. A partir de los datos oficiales del Indec, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y los principales anuncios oficiales, ponemos en perspectiva los aumentos de tarifas, acumulando las subas desde el cambio de modelo. Por otro lado, contrastamos las metas de inflación con los resultados verificados en los dos primeros años.

En breves términos, los principales resultados cuantitativos del informe se resumen a continuación:

• Los ajustes tarifarios que se registran en estos meses, se aplican sobre rubros de alta incidencia del IPC. Por caso, el peso del “transporte público de pasajeros” representa 2,77% del total. Si se lo relativiza de acuerdo a la región focalizada del aumento, explicará un 0,8% de suba a lo largo de los próximos meses. Esto es, 5,3% de la meta oficial sólo por efecto transporte urbano.

• Entre los principales aumentos venideros, se destacan la suba en transporte a registrarse hasta junio, con una suba media del 66% en subtes, trenes y colectivos urbanos.

• Por su parte, a lo largo del 2018, gas natural, electricidad y agua corriente, verificarán incrementos del 129%, 56% y 30% respectivamente, para usuarios tipo. También se cuenta una suba media del ABL del orden del 24%, además de la anunciada en peajes en torno al 70%, una primera cuota de prepagas del 4% y el probable aumento en combustibles, esperado en torno al 6%.

• Estas alzas significativas se agregarán a un proceso de “recomposición tarifaria” que ya lleva dos años. En casos como la electricidad, se acumulan subas promedio cercanas al 1500% y para el gas natural, en el entorno del 1300%.

• En este escenario de subas preanunciadas, la incidencia de los precios regulados se va a incrementar como proporción del salario medio. Si se evalúa un usuario representativo, según la estimación realizada, el peso de estos servicios se incrementará más de 6 puntos porcentuales en el próximo cuatrimestre.

• Con todo, a partir del 3,1% de aumento del IPC del mes de diciembre (que suma un 76% desde 2016), en dos años se acumuló más inflación que lo proyectado por las anteriores metas de inflación para los próximos 4 años.

Módulo Políticas Económicas
Universidad Nacional de Avellaneda