La Defensoría del Pueblo le pidió a Movistar que no adelante los vencimientos de facturas

A partir de los reclamos de los usuarios ante la decisión de la empresa de telefonía de llevar el vencimiento al 1° de cada mes, el organismo que conduce Guido Lorenzino se hizo eco de los reclamos y le solicitó que revea la disposición y lleve el vencimiento para el décimo día.

La empresa de telefonía Movistar notificó ayer a sus usuarios de un “cambio generalizado en la política de facturación”. Por medio de un mensaje de texto, comunicaron: “A partir de octubre el vencimiento de tu factura Movistar se adelantará al 01/11”. Tal medida trajo una infinidad de reclamos ante la dificultad de cumplir con el pago en un contexto de crisis económica dada por el incremento de la inflación.

Como consecuencia, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó a Movistar por haber adelantado la fecha de vencimiento de sus facturas, y exigió a los organismos de control que examinen esta decisión y apliquen sanciones si determinan que la empresa cometió alguna irregularidad.

Según los reclamos, la empresa no brindó a sus clientes la información detallada sobre la nueva modalidad, lo que iría en contra de las normas que regulan el funcionamiento de la telefonía móvil.

“Se trata de una situación claramente perjudicial para los usuarios. Por ejemplo, a los empleados en relación de dependencia, que recién cobran entre el tercer y el quinto día hábil del mes, se les dificultaría pagar en término, por lo que después tendrían que afrontar deudas con intereses”, sostuvo Lorenzino.

Es por eso que la Defensoría elaboró una recomendación para que Movistar revea esta disposición y que lleve el vencimiento para el décimo día del mes, lo que permitiría que los usuarios puedan abonar en fecha y evitar así la vulneración de sus derechos económicos.

Además, el organismo le solicitó tanto a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor como al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que evalúen si la conducta de Movistar produjo la vulneración de los derechos constitucionales de los consumidores, sobre todo de los que los amparan de las prácticas abusivas de las empresas, y que apliquen sanciones si así lo determinan.

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