Durante la reunión se explicaron los alcances de la Ley 24.685 que define la violencia patrimonial como aquella que “busca generar un menoscabo en los recursos económicos de la mujer” y se plantearon pautas para reconocer estos casos.

Además, se trabajó en herramientas legales concretas para las mujeres en situación de vulnerabilidad y se acordó desarrollar una red federal de comunicación para difundir información relevante y asesorarlas.

Del encuentro, coordinado por el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM) del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y el Programa WIP Argentino-R. Cyrus Vance Center for International Justice, participaron más de 100 representantes de los principales estudios jurídicos porteños.

También contó con las presencias del titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y de la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, quien al exponer destacó que “la violencia económica y patrimonial se da en todas las clases sociales”.

De las 11 mil personas que fueron atendidas en 2017 en la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte, el 36 por ciento fue víctima de violencia económica y patrimonial.

A su vez, el secretario de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción, Mariano Mayer, resaltó la relevancia del trabajo con estadísticas y datos precisos “para hacer cambios estructurales de cara a lograr el empoderamiento económico de las mujeres”.

El CEDEM es un espacio que diseña e instrumenta políticas públicas orientadas a la inserción de las mujeres en el ámbito económico con el objetivo de que aquellas que quieran desarrollarse lo puedan hacer en igualdad de oportunidades y condiciones que los hombres.

El área centraliza la información relacionada con la temática para su propio estudio y de cualquiera que lo requiera y también creó la Red de Redes de organizaciones de la sociedad civil que tratan estos temas con la finalidad de abrir espacios de interacción.