Según pudo saber la estructura del PPPs se dividirá en cuatro áreas, conformados por equipos interministeriales y multidisciplinarios: Energía y Minería; Transporte, Comunicaciones y Tecnología; Agua, Saneamiento y Vivienda, y Justicia y Educación. 

La cantidad de empresarios que respondieron a la convocatoria del Gobierno hizo rebalsar el Salón Argentino, del Centro Cultural Kirchner, y obligó a los organizadores a improvisar un “living” paralelo con pantallas y sistema de audio en el primer piso del exCorreo para que nadie se pierda los discursos en vivo. 

“Retomo las palabras de Mauricio Macri de hace unos días en este espacio: estamos listos para protagonizar una etapa de futuro y desarrollo para Argentina”, subrayó el jefe de ministros. 

Después de Peña fue el turno de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. “Es hora de que asumamos riesgos basándonos en la visibilidad y transparencia”, exhortó la funcionaria. En ese marco, pidió a los empresarios que denuncien hechos de corrupción en los procesos de contratación a través del mecanismo “Reporte de Alto Nivel” y les solicitó que pongan en marcha mecanismos que promuevan la transparencia dentro de las propias empresas.

“Vamos a ser implacables cuando detectemos irregularidades tanto en el ámbito público como el privado”, anunció la exdiptuada nacional de de Cambiemos.

Luego de Alonso, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue el encargado de introducir los aspectos comerciales del plan al hablar sobre “la oportunidad argentina y los PPPs como herramienta para saldar la deuda de infraestructura”.

Caputo definió el PPPs como un contrato a largo plazo entre el sector privado y el Estado y anunció propuestas de inversión en infraestructura por u$s 26.000 millones para los próximos tres años y medio. Según dijo el ministro, la megainiciativa contempla 60 proyectos en total, con ejes: transparencia, simpleza y homogeneidad.

Tras la aprobación de la ley 27.328 en noviembre de 2016, se creó la figura del contratos de participación público privada, que establece un régimen para fomentar la inversión de empresas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado. De acuerdo a un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), este sistema podría alcanzar inversiones por alrededor de u$s 97.000 millones en un período de tres años.