Cientos de familias que habían ocupado dos predios con viviendas sociales en Villa Domínico, fueron desalojadas ayer por la policía y por la tarde reclamaron frente al edificio municipal de Avenida Güemes.

El conflicto comenzó hace más de una semana, cuando las familias decidieron ocupar dos complejos habitacionales, ubicados a la altura de la calle Beazley al 600, en la localidad de Villa Domínico. Allí, las familias usurparon 112 y 62 viviendas sociales de cada predio respectivamente, que estaban a punto de ser entregadas a sus adjudicatarios por la Municipalidad de Avellaneda. La toma duró ocho días. El municipio hizo la denuncia correspondiente ante la Justicia y ayer se produjo el desalojo, de manera pacífica, en un gran operativo en el que intervinieron más de 400 efectivos policiales.

Un grupo de las familias desalojadas, en su mayoría jóvenes con hijos, se instaló ayer en señal de protesta frente a la Municipalidad y bloqueó las dos manos de la Avenida Güemes. Tal como aseguraron ante la prensa, tenían pensado acampar allí, aunque por la tarde levantaron la protesta.

Tal como declararon a La Ciudad algunos de los manifestantes, en el año 2010 les habían prometido desde el municipio una solución habitacional que nunca llegó. Y explicaron los motivos de la toma: «Queremos que las viviendas nuevas sean para la gente del barrio que las necesita, no para gente de otros lugares», expresaron.

«Intencionalidad política»
En diálogo telefónico con La Ciudad, el intendente de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi, puso en duda la «espontaneidad» de la protesta y aseguró que la entraga de viviendas se seguirá realizando de acuerdo con lo planificado, a las familias que ya habían sido adjudicadas con anterioridad.

«La urbanización de villas y asentamientos precarios dispone el traslado de familias de distintos lugares de la ciudad a los complejos habitacionales. En este caso estaban asignadas a algunas familias de Domínico, de la avenida Ramón Franco, sobre las vías del ferrocarril; de Baradero; de otros lugares como de la zona del cementerio, del Viaducto, para ex combatientes de Malvinas y para sectores de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) tal como lo dispone la ley», sostuvo el intendente Ferraresi.

El jefe comunal negó que existiera una promesa de entrega de viviendas a las familias manifestantes y aseguró que «este Gobierno Nacional se ha ocupado como nunca antes de la problemática habitacional y ha lanzado recientemente el programa Procasa, que se tramita ante el ANSES», recordó.

Aunque evitó dar nombres propios, Ferraresi adjudicó el reclamo y la movilización de familias frente a la comuna a sectores vinculados a «La Juan Domingo» y «al ex intendente» Baldomero Cacho Alvarez de Olivera.

La presencia del hermano de Cacho Alvarez y ex secretario de Desarrollo Social del municipio, José Benítez, acompañando a las familias desalojadas, y la de un concejal de La Juan Domingo durante buena parte de la protesta de ayer, fueron vistos por el intendente como «una clara intencionalidad política».

Una ruptura sin retorno
En rigor, nada de lo que ocurre por estos días en el plano político en Avellaneda, está ajeno a la virulenta interna desatada en el oficialismo.

Después de compartir más de 20 años el mismo proyecto político, la ruptura entre el ex intendente Cacho Alvarez y quien fuera su secretario de Obras y Servicios Públicos ya no tiene retorno.

Para unos, el caudillo avellanedense, tras crear «La Juan Domingo» para impulsar la candidatura de Daniel Scioli a la Presidencia, faltó a su palabra de «correrse de la política local» y dejar espacio y libertad de acción en el distrito a una nueva conducción encabezada por Ferraresi, y fuertemente alineada al Gobierno Nacional.
Para otros, el actual intendente ahora es «un traidor, que perdió la memoria y se olvida de dónde viene».

Persecuciones, cesantías, quita de horas extras, denuncias penales a funcionarios y ahora ruidosas protestas, son consecuencias lamentables de la pelea.