La medida – adelantada la semana pasada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en medio de la polémica por los miles de cesanteados en la administración pública nacional – fue resuelta a través del decreto 336/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Allí se notifica que “los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril”.

“El requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio deberá ser solicitado” por los mencionados funcionarios “ante el jefe de Gabinete de Ministros, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad y razonabilidad”, añade.

Asimismo, dispone la creación en la órbita del Ministerio de Educación y Deportes del “Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas”.

En ese marco, “las jurisdicciones remitirán la información correspondiente con la frecuencia y en la forma que determine” la cartera laboral.

En caso de que el convenio “implique el requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las universidades, con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización”.

“Asimismo, las jurisdicciones deberán informar, con la frecuencia y en la forma que establezca dicho Ministerio, sobre los programas correspondientes, recursos humanos asignados por las universidades en los convenios respectivos, altas y bajas, y erogaciones a que dichos convenios dieran lugar”, agrega la normativa rubricada por el presidente Mauricio Macri y el ministro Ibarra.

El decreto publicado hoy instruye también a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) “a realizar una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal efectuadas en el ámbito de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, correspondiente a los conceptos liquidados por cualquier causa que tuviere su origen en la relación de empleo, durante los últimos cuatro meses del año 2015”, durante el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Finalmente, dispone que “a partir del 1° de marzo de 2016 los Ministerios, Secretarías de Presidencia y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada no podrán efectuar nuevas contrataciones de personal por tiempo determinado de conformidad con el artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164, el Decreto 2345/08 o cualquier otra modalidad contractual a plazo determinado prevista en la Ley de Contrato de Trabajo o estatutos especiales, sin la previa intervención del Ministerio de Modernización, en base a solicitud debidamente fundamentada por la autoridad superior de la jurisdicción requirente”.