El Gobierno oficializó hoy la ley que habilita a cerrar el acuerdo con los fondos buitre y el resto de los acreedores de la deuda pública en cesación de pagos, que no ingresaron a las reestructuraciones realizadas en 2005 y 2010, y que hicieron una presentación judicial ante la justicia federal de Nueva York, con un fallo a su favor para percibir la totalidad de lo reclamado.

Lo hizo a través del decreto 539/2016 publicado hoy en el Boletín Oficial, que promulga la ley 27.249 y lleva las firmas de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en ejercicio del Poder Ejecutivo porque el presidente Mauricio Macri está en el exterior; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

La normativa habilita al Poder Ejecutivo a vender bonos en el mercado hasta un máximo de U$S 12.500 millones, para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados con una veintena de fondos y grupos de bonistas.

Para poder realizar la operación se derogaron las leyes 26.017, 26.547, 26.886, 26.984, denominadas Cerrojo y de Pago Soberano de la Deuda, y sus normas reglamentarias y complementarias, como también toda otra ley, decreto o norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la presente decisión.