A lo largo del año pasado se recibieron 733 casos, organizados bajo cuatro indicadores: “tortura/trato inhumano”, “agravamiento de las condiciones de detención”, “causa fraguada/prueba falsa” y “obstaculización de la defensa”.

Unos 682 casos corresponden a hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los cuales, según los registros, 297 fueron puestos en conocimiento de otro funcionario judicial además del Defensor.

En el año 2017, 456 hechos de tortura o tratos inhumanos habrían sido cometidos por funcionarios de la policía, 163 casos por penitenciarios y 63 de otras instituciones.

La modalidad más repetida son golpes (383 casos). Se relevaron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana (paso de corriente eléctrica), 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles. Sólo unos 145 casos fueron comunicados a otros funcionarios y 311 optaron por mantenerlos en reserva con su defensor, en la mayoría de los casos manifestando temor a represalias.

En cuanto a los casos del servicio penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes (119 casos) y se registran 45 casos de aislamiento como modo de tortura, 5 casos de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles. De los 163 casos, fueron comunicados 127 y los restantes 36 se mantuvieron confidenciales.

En niños (tomando los casos totales) se relevaron 158 casos. En sólo 41 del total relevado, las víctimas accedieron a que su defensor pusiera el hecho en conocimiento de otros funcionarios.