Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto, disertó en el plenario del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, organizado en la Ciudad de Buenos Aires por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Allí expuso sobre Narcocriminalidad y Derechos Humanos. Destacó la necesidad de avanzar en la creación de una agencia única y especializada con el fin de prevenir, conjurar, investigar y combatir los delitos relativos a la producción, comercio  e introducción o suministro de narcóticos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

“Existen distintos proyectos con estado parlamentario en el congreso nacional. Las iniciativas tienen muchos puntos en común, con lo cual estarían dadas las condiciones para avanzar en la creación de una agencia única y especializada en la Argentina. Si bien el antecedente más importante es la DEA estadounidense, es indispensable que la Agencia especializada de nuestro país esté inspirada en el nuevo paradigma internacional que implica tener una perspectiva de derechos humanos, reducción de daños y prevención”, sostuvo Martello, quien está a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En ese sentido consideró que el nuevo paradigma internacional también debe llegar a la Justicia de nuestro país. “En la provincia de Buenos Aires, una de cada tres instrucciones penales preparatorias vinculadas a la violación a la ley de estupefacientes tiene que ver con consumo personal o tenencia simple. A nivel federal, la situación es aún peor. Es indispensable que el problema de las adicciones se trate como un tema de salud pública, y haya más esfuerzos en combatir el crimen organizado e intentar reducir la oferta”, sostuvo.

También alertó sobre el impacto que podrían tener los ajustes presupuestarios en los programas de prevención que se vienen instrumentando a nivel nacional, en un contexto donde el consumo de drogas legales e ilegales se viene incrementando producto de la crisis económica.

“Al analizar el presupuesto 2019, surge que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) tendrá $100 millones menos respecto a lo asignado actualmente. A su vez, a fines de diciembre, vence la declaración de emergencia que estableció el gobierno nacional, a través de un decreto, hace dos años. Si no se renueva la emergencia, el Estado podría quedarse sin importantes herramientas en momentos en que se prevé que haya un resurgimiento de drogas más baratas y nocivas. También necesitamos que todas las provincias adhieran a la emergencia, algo que hasta el momento solo hicieron algunas jurisdicciones”, explicó.