Declaración de los Defensores del Pueblo sobre el decreto que modifica las asignaciones familiares

La Defensora del Pueblo de Avellaneda, Dra. María Laura Garibaldi, miembro de ADPRA, se ha manifestado contra el Recorte de Asignaciones Familiares. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) consideró “inadmisible”; el decreto del Gobierno recortando asignaciones familiares por “acrecentar la brecha de las desigualdades sociales”

Declaración de ADPRA sobre el decreto que modifica las asignaciones familiares
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres, que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, y el respeto por las Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra profunda preocupación en relación al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 702/2018, ello en virtud de que:
Conforme se desprende de la Ley Nacional N° 24.714, el Régimen de Asignaciones Familiares establece una serie de prestaciones destinadas al cuidado de las niñas, niños y adolescentes en sus familias, legitima un Derecho. Entre ellas, las Asignaciones prenatales, por maternidad, por nacimiento, por adopción, por hijo, por hijo/a con discapacidad, por ayuda escolar anual durante la educación obligatoria.
Por su parte la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 establece que las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo al fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Artículo 4).

“Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. (Artículo 7)

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento”. (Artículo 26)

Consecuentemente, resulta inadmisible que para la percepción de las asignaciones mencionadas el límite de ingresos mínimos por grupo familiar suba y que el límite de ingresos máximo baje; así como también se quite los valores diferenciales según la zona para algunas de ellas. Esto podría generar la vulneración de garantías constitucionales que protegen Derechos Humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y sus núcleos familiares. Entendemos que se trata de un Derecho adquirido y recordamos que toda política pública de seguridad social debe centrarse en el Interés Superior del Niño y no acrecentar la brecha de las desigualdades sociales; teniendo en cuenta que la principal población que vive en la pobreza son las infancias y juventudes.

 

Esta medida afecta a una población aproximada de449.409 casos, en zonas donde la quita de recursos tendrá un altísimo impacto en las economías regionales de nuestro país; según datos obtenidos del propio “Informe Estadístico” de mayo 2018 que publica Anses y datos del INDEC.

Del texto del Decreto, se desprende que:
1. En Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, la perdida por prestación ronda los $1.800 y afecta a140.261 casos, eso significa  $252.469.800 mensuales, lo que equivale a $3.282.107.400 anuales
2. Las Provincias de Rio Negro, Neuquén, La Pampa; los distritos correspondientes a Mendoza y los departamentos de Formosa que tienen una población comprometida, suman un total de 260.785 casos. Se puede estimar una pérdida promedio del orden de los $ 450 lo que hace un total de $117.353.250 mensuales lo que equivale a $1.525.592.250 anuales
3. Los departamentos de Salta y Jujuy que involucran una población de48.363 casos, donde la pérdida ronda los $1.800 hace un total de $87.053.400 mensuales lo que equivale a $1.131.649.200 anuales.
Esta medida logra un “ahorro” para el Estado total de $5.939.348.850 anuales, pero está “política del gasto público” afectada directamente a los niños, niñas y adolescentes de las zonas más desfavorables de nuestro país.
Este “ahorro” representa el 0,41 % del total del presupuesto anual de la seguridad social que es de $1.453.514.662.730.
Aun queda por evaluar cual es el impacto de la disminución de los topes remunerativos para cobrar asignaciones familiares, las reformas en los trabajadores de temporada, donde se estima que muchos quedarán excluidos de estas prestaciones, y la imposibilidad que ambos cónyuges declaren los hijos para deducir ganancias.
Antes fueron los jubilados con la ley de movilidad, ahora las asignaciones familiares bajando el tope para cobrarlas y eliminando las zonas desfavorables para las prestaciones por hijo y prenatal.
Estos sectores son los más débiles de nuestra sociedad, y son los que no pueden generar otros ingresos.

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