Como había anticipado Télam esta mañana, Alonso presentó a primera hora de hoy un escrito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, en el que se solicita que ella y el coordinador de investigaciones, José Ipohorski Lenkiewicz, se “constituyan como parte querellante” de la causa.

Además, la ex diputada del PRO tiene definido sumarse más adelante también como parte querellante en la causa de enriquecimiento ilícito contra el ex vicepresidente, así como investigar desde la OA si existieron otros casos en los cuales Boudou y su socio informal José Núñez Carmona (implicado también en la causa Ciccone) pudieron haber cometido otros actos de corrupción.

En el documento -al que tuvo acceso Télam-, Alonso cita el marco legal que le permite sumarse como querellante, como el decreto 102/99 que regula las competencias y funciones de la Oficina Anticorrupción.

A través de un comunicado oficial difundido este mediodía, la OA confirmó la presentación judicial y Alonso afirmó: “Dada la relevancia política e institucional del caso y que la causa podría elevarse a juicio oral pronto, decidimos solicitar la incorporación de la Oficina Anticorrupción como querellante para participar de esa instancia y colaborar con la justicia en la búsqueda de la verdad”.

“Para este Poder Ejecutivo y la sociedad es importante saber la verdad sobre el hecho denunciado ya que involucra a una de las más altas autoridades del gobierno anterior. Además, la Oficina Anticorrupción investigará si existieron otros casos en los cuales la sociedad informal Boudou-Nuñez Carmona podría haber cometido otros actos de corrupción y anticipamos también nuestra participación en la causa del enriquecimiento ilícito del primero”, subrayó.

Según la ley 25.233 que creó la OA, la oficina puede ser querellante en causas en las que “se involucran a funcionarios públicos nacionales en la posible comisión de delitos de acción pública” y se le atribuye al organismo la facultad de “promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación”.

Uno de los elementos que motivó a la ex diputada del PRO a solicitar que la OA sea parte querellante fue la sugestiva “inexistencia de cualquier investigación preliminar en la oficina con respecto a las vinculaciones de Boudou en el caso Ciccone, a pesar del avance de la instrucción judicial y del procesamiento del vicepresidente”, agregó Alonso.