El objetivo del aumento de tarifas, dijo Juan José Aranguren en declaraciones a radio Mitre, es “disminuir subsidios y generar condiciones para que más gente tenga acceso a gas natural”, ya que quienes hoy consumen gas licuado pagan 300 pesos por mes.

“Los planes de las empresas transportistas y distribuidoras para que más hogares tengan acceso, que haya energía y no se corte el abastecimiento de gas a las industrias en invierno, se conocerán en una segunda audiencia, en la segunda quincena de octubre, con la revisión tarifaria integral”, dijo Aranguren.

Sobre el impacto del ajuste tarifario que regirá desde ese mes, el ministro adelantó que esta noche se publicará “uno de los últimos cuadros de la presentación que vamos a hacer en la audiencia”, en el sitio web del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Según esos cuadros, en los meses cálidos -enero y febrero- el 79% de los hogares pagará una tarifa de gas de menos de 250 pesos mensuales.

Aranguren dijo que habrá un aumento mayor para los consumos más bajos (de hasta 56 metros cúbicos, 237%), lo cual se debe a que “los que más consumen ya tuvieron una actualización superior a los que menos consumen, pero en valor absoluto la suba será menor”.

El ministro recordó que sobre 8,1 millones de hogares con acceso a la red de gas, el 60% del país, el grupo que tiene tarifa social llega a 1,5 millón.

Aclaró luego que “no hay una correlación directa entre consumir menos y ser pobre”, ya que muchos departamentos en Puerto Madero están en la categoría R1, mientras que la tarifa social va también a consumos elevados, que son viviendas multihogares.

“Después de la propuesta inicial en la audiencia, y de la razonabilidad de las presentaciones, se decidirá si tenemos que hacer una compensación o ajuste”, agregó Aranguren.

El ministro recordó que “los consumos residenciales pertenecían antes a una categoría única, pero esto cambió como una forma de amortiguar el impacto de la devaluación a la salida de la convertibilidad, y no estar generando situaciones indeseadas”.

“Esto se modificó en la última década y provocó una demora en la inversión, pérdida de abastecimiento energético, caída en las reservas en gas y hoy, como consecuencia de esas políticas, estamos importando el 30% del gas natural que consumimos”, evaluó.

Aranguren remarcó que “esa importación impide invertir y dar trabajo en la Argentina, cuando el país tiene recursos suficientes. Y debido al alto consumo nos vemos obligados a consumir gasoil en el invierno, combustible más contaminante que podemos reemplazar por producción local de gas natural”.

Tras resaltar que “se mantiene el sistema escalonado”, agrupado en tres categorías en vez de siete, el ministro consideró que “beneficia más la capacidad de consumo, porque el que está en la categoría R1 prácticamente no puede ahorrar más, porque es el nivel mínimo que corresponde, salvo que esté en un barrio de poder adquisitivo alto”.

Aranguren puso de relieve, por último, la “protección sobre los más vulnerables”, al asegurar que “la tarifa social llega a los que más la necesitan: el año pasado había 270 mil hogares exceptuados de pagar el gas y con el incremento que regirá a partir de octubre habrá 1,5 millón”.