La iniciativa, que había sido presentada por el secretario general de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando era diputado, fue sancionada por amplia mayoría en el Senado el 7 de octubre pasado.
La nueva agencia funcionará como “ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado”.
Entre sus objetivos se destacan “la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos”.
La Anmac tendrá a su cargo “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública”; así como también “políticas tendientes a que, con la mayor celeridad, se proceda a la destrucción de los materiales controlados que sean entregados, secuestrados, incautados o decomisados”.
Asimismo, deberá colaborar “en la investigación y persecución penal de los delitos relativos a las armas de fuego, municiones y explosivos, asistiendo al trabajo de organismos competentes”, entre otros objetivos.
Dentro de sus funciones se destacan “registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines”.
También tendrá que “administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo”.