Hasta 2028, el canje de deuda en moneda extranjera permitirá descomprimir vencimientos por más de U$S 47.000 millones

El equipo económico actual tiene la firme convicción de no abdicar ante el pedido de los acreedores de llevar adelante un brutal ajuste en el gasto público que implique un padecimiento para la sociedad argentina.
El endeudamiento excesivo sin correlación con la economía real presenta limitantes para todo tipo de proyecto económico con igualdad social y económica.
En el gráfico podemos analizar a qué se podrían destinar los fondos que se ahorran con la renegociación de la deuda hasta 2025, 12,9 veces más en jubilaciones, 25,1 veces más en el Ministerio de Salud y 28 veces más en el ingreso familiar de emergencia.

A partir de 2016, en el marco de un Estado con niveles de endeudamiento externo saludables, el gobierno ingresó a un ciclo acelerado de endeudamiento externo. Durante 2016 y 2017 el principal acreedor del Estado fueron los mercados voluntarios, es decir, el sector privado, que prestaron más de 100 mil millones de dólares a las arcas nacionales. A principios del 2018 se cerró el grifo de estos mercados de deuda, ya que evaluaron que el nivel de endeudamiento externo que venía llevando a cabo la administración entraba en parámetros de insostenibilidad.
Según el informe de la Secretaría de Finanzas, a marzo del 2020 el 44% de la deuda total se encuentra protegida por legislación extranjera. Además, la deuda del gobierno en moneda extranjera representó en 2019 el 69% de PIB, mientras que en 2015 representaba el 35%.
La propuesta presentada equivale a un recorte de 37.900 millones de dólares en intereses y 3.600 millones en capital, mientras se propone alargar los plazos de pagos a través de los nuevos bonos que ofrece el gobierno.

El horizonte actual de vencimientos de los bonos a canjear, entre 2020 y 2030, implica 73.400 millones de dólares, mientras que, en el corto plazo, hasta 2023, el horizonte de vencimiento es de 27.500 millones de dólares. En los próximos cuatro años (que abarcan la gestión actual), y solo de los bonos a reestructurar, habría que destinar el 7,6% del PIB actual para continuar con el cronograma de pagos sin alteraciones.

Si bien la propuesta fue rechazada por los acreedores, al tener conocimiento sobre la oferta empiezan a tener certezas de lo que está dispuesto a pagar el gobierno para evitar una cesación de pagos. Por este motivo se observa la evolución de los bonos argentinos más representativos desde el día previo a la presentación realizada a los tenedores de títulos argentinos (16 de abril) hasta el último día del mes, lo que cubre un periodo de 15 días.

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