“Nosotros pena de muerte no podemos tener, y cada político que habla de pena de muerte miente, porque sabe que habría que hacer una reforma constitucional para tenerla y, además, eso es muy difícil”, aseguró Zaffaroni al cerrar un Congreso sobre la abolición universal de la pena de muerte que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Desde que se incorpora la Convención Americana de los Derechos Humanos a la Constitución Nacional, nos rige el principio de abolición progresiva”, recordó el magistrado en declaraciones a la prensa al término de su disertación.

Zaffaroni agregó que “este proceso culminó en 2007 cuando se consideró inconstitucional el Código de Justicia Militar y, finalmente, en 2008, cuando se abolió en el Congreso de la Nación el único texto legal que la tenía”.

“Es cierto que la pena de muerte en el Código Militar no se ejecuta desde el año 36. Y cuando los gobiernos de facto la restablecieron, nunca la aplicaron”, manifestó.

No obstante, Zaffaroni llamó la atención sobre el tema al afirmar que “en el país hubo muchas muertes pero sin ley”, y ejemplificó con los fusilamientos de 1956 para liquidar al movimiento político que pretendía el regreso de Juan Domingo Perón al poder tras el golpe de estado de 1955.

El juez de la Corte Suprema aseveró que “esos fusilamientos fueron al margen del propio código de justicia militar y contra lo que había resuelto el propio Consejo de Guerra de aquel momento”.

Sobre la aplicación de la pena de muerte, recordó que en los Estados Unidos, en 1972, se declaró inconstitucional ese recurso bajo el argumento de que a lo largo de esos últimos 50 años el castigo “se había aplicado a negros, débiles mentales y a personas que no tenían más de una cantidad mínima de dólares de renta anual”.

“De modo que se consideraba inconstitucional la pena de muerte por discriminatoria”, mencionó, para luego agregar que se restableció “con las administraciones republicanas”.

“A partir de ahí continúan las ejecuciones y esto está en la onda de la vindicación que tiene la política criminal de los Estados Unidos”, indicó.

Zaffaroni recordó que “Estados Unidos es el único país del continente que tiene pena de muerte y la ejecuta con olímpica frecuencia”.

“Es una política vindicativa que se orienta hacia un modelo de Estado distinto. Lo que se busca es ir hacia un modelo de `Estado gendarme` por oposición al modelo de `Estado providente`”, sostuvo.

Por otra parte, el ministro dijo que la misiva que le envió al presidente norteamericanos, Barack Obama, para pedir la liberación de los cinco ciudadanos cubanos presos en ese país por presunto espionaje “fue una carta colectiva que se hace a nivel individual para que otros juristas de la región puedan reiterarla en términos más o menos análogos”.

“Los cinco cubanos detenidos en los Estados Unidos fueron objeto de un proceso que dejó algunas sombras. La Corte Suprema ni siquiera consideró el recurso de apelación o sea que la vía judicial dentro de los Estados Unidos se cerró”, reconoció.

Zaffaroni agregó que el reclamo a Obama, teniendo en cuenta esa situación, no es que indulte “sino que conmute la pena”.

“Hace 13 años que están presos y aún en caso de tener responsabilidad en lo que se le imputa, y suponiendo que los hechos son verdaderos, estimamos que 13 años de prisión por conductas que no pusieron en peligro la seguridad de Estados Unidos es una pena razonable”, manifestó.

Finalmente, el ministro de la Corte se mostró de acuerdo con el proyecto de Ley que se estudia en la Cámara de Diputados para permitir las operaciones de cambio de sexo en la Argentina.

“En la Argentina rige en este momento una limitación solo en los casos de hermafroditismo. Ese es un solo supuesto. Hay otros supuestos en los que creo que sería conveniente que se viabilizase esa posibilidad”, aseguró.

En ese sentido, señaló que “tanto médicos como psiquiatras consideran que es viable” una operación de cambio de sexo y finalizó diciendo que “puede haber prejuicios pero a lo que hay que atenerse es a lo que dice la ciencia”.