Los habitantes de Retiro iniciaron su protesta en la mañana con un corte en la autopista Illia y al mediodía se trasladaron a la Legislatura, donde ya la Policía Metropolitana había montado un fuerte operativo que incluyó un vallado del edificio parlamentario, el bloqueo a los accesos por parte de los agentes de elite y la presencia de varios móviles de traslado.

Los manifestantes, de hecho, forcejearon con los efectivos para traspasar el vallado ubicado en la intersección de Perú e Hipólito Yrigoyen y poder así llegar hasta la puerta del edificio, aunque no pudieron ingresar con el propósito de participar de la reunión de la Comisión de Planeamiento.

Es que si bien ese plenario no tenía previsto el tratamiento de la urbanización de la villa de Retiro, que pasaría a llamarse barrio “Carlos Mugica”, los vecinos querían reafirmar su reclamo para que entre en vigencia la ley 3343, aprobada hace dos años por la Legislatura, pero que requiere de una nueva sanción por parte de los diputados en el recinto.

La dilación responde a la negativa del PRO a tratar la iniciativa y hasta trascendió que el bloque va a presentar un proyecto de urbanización alternativo que desoye los criterios de la ley 3343 antes de fin de año y desconoce el dictamen de la Mesa de Trabajo conformada por vecinos, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, en la reunión de la Comisión de la Legislatura estuvieron vecinos del asentamiento Rodrigo Bueno, ubicada en Costanera Sur, que se oponen a la aprobación de un proyecto para levantar un centro urbano de torres de 160 metros y un embarcadero y que será debatido el 22 de noviembre en el recinto.

Según aseguraron, la obra afectará la Reserva Ecológica de Costanera Sur y el asentamiento Rodrigo Bueno, donde viven unas 5.000 personas, debido a que se prevén tareas de calado de un canal para convertirlo en vía navegable exclusiva para los dueños de los departamentos.

Luis Espinosa, delegado de los vecinos, rechazó el proyecto y acusó al PRO de “buscar una Ciudad limpia de pobres”, en tanto que otro de los referentes del barrio, Ricardo Malgarejo, afirmó que el nuevo centro urbano les “va a inundar las casas”.

Cecilia Alen, de la organización Aves Argentinas, dijo que es una iniciativa “escandalosa porque no hay estudio de impacto ambiental actualizado y se están autorizando obras en el canal que van a perjudicar a la Reserva”.

En tanto, este lunes al mediodía unos cien vecinos de la villa 21-24, del barrio de Barracas, cortaron el tránsito frente a la Jefatura de Gobierno porteño en reclamo por los servicios de agua corriente y cloacas y por la situación en que se encuentra la zona tras la fuerte tormenta del viernes último.

Cristian Heredia, vecino y representante del barrio, dijo a Télam: “Hace más de un año y medio que estamos con este problema; no tenemos agua, ni cloacas”.

Asimismo, el hombre detalló que esta situación no es desconocida por las autoridades del gobierno porteño: “Ya vinimos a reclamar muchas veces, pero la única respuesta que nos dan es camiones con agua, y creen que con estos parches nos van a conformar”.

Los vecinos de esta villa serán recibidos este martes a las 12 autoridades de la Unidad de Gestión e Integración Social (UGIS).