Trabajo pidió ante la Justicia la suspensión de la personería gremial del sindicato APTA
El Ministerio de Trabajo formalizó este lunes por la mañana la presentación ante la Justicia solicitando la suspensión de la personería gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), a raíz de las medidas gremiales que afectaron el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas.
La presentación de la cartera laboral fue realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aseguró un comunicado oficial.
Los abogados del ministerio pidieron la suspensión de la personería gremial de APTA “por incumplimiento a la ley de conciliación obligatoria”.
Asimismo, dice el comunicado, “se solicitó la designación de un funcionario judicial para que adopte las medidas necesarias a fin de que la entidad sindical se ajuste a derecho y se normalicen las tareas”.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto, pero no fue acatada por el gremio y esto provocó a lo largo del fin de semana suspensiones y retrasos en los vuelos, que este lunes por la mañana comenzaban a normalizarse.
La medida de fuerza encubierta motivó réplicas del presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde, y del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
El propio Schiavi manifestó este lunes, en declaraciones radiales, que el gobierno nacional “no va a tolerar acciones como las de APTA, gremio que encabeza Ricardo Cirielli, ya que un país no puede estar supeditado al humor de un dirigente sindical”.
En declaraciones a radio Diez y el canal C5N, Schiavi dijo que “se ha extremado el argumento y se ha llegado a una situación límite”, por lo que llamó a la “reflexión” de dirigentes gremiales como Cirielli que “nos complicó muchísimo el fin de semana a los argentinos”.
“Un país no puede estar supeditado al humor de un dirigente gremial”, sostuvo el funcionario nacional y agregó que el gobierno “no va tolerar” estas acciones y que, por ello, se están “abriendo todas las instancias administrativas para ordenar el sistema”.
En ese marco, destacó el decreto presidencial conocido este lunes que “pone orden sobre el sistema del espacio aéreo y le asigna esa tarea específica a la Fuerza Aérea Argentina”, que “no significa un retroceso, sino al contrario, implica poner las cosas en su lugar”.
“El decreto viene a mejorar, a ordenar el sistema, haciendo que funcione al igual que la mayoría de los países del mundo, y de nuestro socio estratégico Brasil”, indicó.
Por último, dijo que la situación en el aeropuerto de Ezeiza “va recuperando la normalidad” y que los dos vuelos internacionales previstos para este lunes están partiendo sin inconvenientes.
Por su parte el diputado nacional y dirigente aeronáutico, Ariel Basteiro, afirmó a La mañana de Télam, por Radio Cooperativa, que “hay una fuerte connotación política” en las medidas de fuerza llevadas a cabo por un “pequeño grupo de controladores de vuelos que responden a la APTA de (Ricardo) Cirielli”.
“Hay una fuerte connotación política, primero porque Cirielli se fue muy mal del gobierno, muy enojado y haciendo críticas muy duras”, añadió el vicepresidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el ministro de Trabajo Carlos Tomada insistió con que “no hay ninguna situación de conflicto laboral” ni “ninguna buena razón que se pueda esgrimir para detener el funcionamiento de la compañía”.
Además, remarcó que, “las relaciones laborales tienen reglas, normas y leyes vigentes” y que lo que el gobierno nacional pretende es que “se respeten”, tras lo cual sostuvo que la herramienta de la conciliación obligatoria, tal cual lo indica su nombre, es de cumplimiento “obligatorio”.
“Acá se está buscando otra cosa, se pretende manejar la compañía desde afuera. Aerolíneas Argentinas es una empresa de los argentinos y, por lo tanto, la maneja el Estado argentino y no la va a manejar nadie más que el Estado argentino”, aseveró el ministro en declaraciones a la radio La Red.
En tanto, el Gobierno transfirió este lunes a la Fuerza Aérea las funciones de control operativo de la prestación de los servicios de navegación aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo que estaban a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La decisión del Ejecutivo se formalizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1840/2011, fechado el pasado sábado 12 de noviembre en la ciudad santacruceña de Río Gallegos y firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En los considerandos del decreto, se explica que “para el mejor cumplimiento de las finalidades tenidas en mira al momento de la creación de la ANAC, y siguiendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), resulta necesario y conveniente que dicha Administración no tenga a su cargo la prestación de los servicios de navegación aérea, cuya actividad regula y le compete fiscalizar”.
El decreto establece que los controladores aéreos pasarán a formar parte de la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo, en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, mientras que la ANAC continuará ejerciendo la “regulación, supervisión y fiscalización de las tareas transferidas”, según las recomendaciones de la OACI.
Asimismo, pasarán a la Fuerza Aérea los centros de control de áreas, las torres de tránsito aéreo y los servicios asociados al control de tránsito aéreo, “con sus respectivas competencias, cargos y créditos presupuestarios, así como los bienes patrimoniales afectados a su uso”, según se establece en el artículo 3.
En tanto, se exceptúa de la transferencia a los jefes de aeródromo y a su personal de apoyo, los que se mantendrán en la órbita de la ANAC.
Según se indica, el personal de la ANAC pasará a revestir sus funciones, en comisión, en la Dirección General de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea por el plazo de un año, durante el cual “se realizará un procedimiento de selección del personal que mantendrá condición de servicio en dicha dependencia y las condiciones de la misma”.
La Fuerza Aérea, por su parte, “podrá hacer cesar la comisión del personal transferido antes de dicho plazo, el que retornará a cumplir las funciones en la ANAC”, y el decreto asegura que en todos los casos se garantizará “la continuidad y derechos de los trabajadores”.
El decreto lleva también la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; del ministro de Planificación, Julio de Vido; y del titular de la cartera de Defensa, Arturo Puricelli.