El ex mandatario, que durante años ejerció la abogacía como penalista, tomará la palabra el martes venidero ante el Tribunal Oral Federal 3, último día asignado por los jueces para su exposición.

En la primera jornada de su alegato, la abogada Valeria Corbacho calificó esta mañana de “absurdo” creer que se pagó una coima millonaria a cuatro senadores justicialistas para obtener la sanción de la Ley de Flexibilización Laboral, en abril de 2000.

“El hecho no existió”, proclamó al iniciar su exposición la abogada, con muestras visibles de cansancio dado que es también defensora del motorman Julio Benítez, que ayer fue indagado por el choque del tren en Once el sábado pasado.

La abogada, secundada por Jorge Kirszembaum y flaqueada por el propio De la Rúa, argumentó que esos votos no eran necesarios “porque había amplísima mayoría” para votar esa ley.

La letrada dijo que también probará que no hubo la reunión en Casa de Gobierno el 4 de abril de ese año donde el entonces presidente habría autorizado el pago, según confesó el arrepentido Mario Pontaquarto.

“Se ha puesto a la institución presidencial en una causa donde no había elementos para llegar a esta instancia”, aseguró, para destacar luego la “trayectoria de De La Rúa, su conocido apego a la ley” algo que, dijo, “nadie puede poner en duda”.

Cuando concluya el alegado del ex presidente será el turno de los otros acusados, el entonces titular de la SIDE Fernando de Santibañes y los ex senadores Augusto Aladino, Ricardo Branda, Alberto Tell y Remo Costanzo.

La fiscalía ya anunció que no sostendrá la acusación contra Branda y el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, en tanto la defensa de Pontaquarto alegó que la confesión del arrepentido, con ser cierta, era la única probanza del juicio y por ende correspondía su absolución.

La fiscal Sabrina Namer pidió 6 años de prisión para De La Rúa.