Semana clave para que la justicia se expida sobre la suba de la tarifa del subte

La Justicia podría definir la viabilidad de la suba de la tarifa del subte que intenta impulsar el gobierno de la Ciudad, en tanto la oposición mantiene su rechazo al incremento y pidió la realización de una auditoría técnica que evalúe los costos reales del servicio.

La decisión final estará en manos titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 3, Pablo Mantaras, quien el martes último frenó la suba y ordenó al Gobierno porteño a presentar un informe con los “antecedentes que motivaron” la resolución 1798 del Ejecutivo que modificaba la tarifa de 2,50 pesos a 3,50, requisito que fue cumplido un día después por el macrismo.

Para Mantaras, “la simple lectura de la resolución” no permitía “identificar las constancias fácticas o normativas que habrían sustentando las razones de disponer el aumento bajo análisis”, por lo cual exhortó a las autoridades porteñas a proveer de “elementos suficientes para juzgar”.

Si bien el magistrado no tiene plazo alguno, es seguro que será esta semana cuando determinará si la documentación entregada por la gestión macrista tiene argumentos sólidos que respalden el aumento al valor del pasaje del subte o bien requerirá de más datos para analizar el tema y con ello suspenda por un tiempo más prolongado la suba.

Mantaras, de 39 años, asumió al frente del juzgado hace diez días y fue una de sus primeras decisiones el hacer lugar al amparo del legislador del MST Alejandro Bodart, para que impida la aplicación de la actualización tarifaria prevista para el 20 de marzo, con lo cual ya despertó más de un encono en la sede de Gobierno porteño.

Con este dato, el arco opositor en la Legislatura planeó una conferencia de prensa en el Parlamento para hacerle llegar al magistrado su respaldo para que resista ante “las presiones del PRO” tendientes a que dejara sin efecto la suspensión y diera luz verde al “tarifazo”.

“Todos los bloques de la oposición nos reunimos porque el amento no corresponde y porque no queremos esta política que impulsa Macri en contra del conjunto de la población”, aseguró la legisladora Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro.

Por su parte, Bodart abogó porque “la resolución del juez se mantenga firme porque sabemos que hay presiones para que cambie” y anunció la puesta en marcha “una campaña de recolección de firmas en respaldo al fallo para que la suspensión de la suba sea definitiva”.

Asimimismo, agregó que presentarán ante la Justicia un amicus curiae con el fin “que puedan firmarlo todos los que quieran sumarse”.

Pese a todo, el Gobierno porteño, a través de sus principales funcionarios, salió a ratificar la voluntad de aumentar la tarifa al poner como argumento el factor inflacionario.

En ese marco, fue la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, quien aseguró que “el aumento está más que justificado” y puntualizó que el boleto debería costar “alrededor de 6,10 pesos”.

“Son datos que ocultaron hasta ahora y que no surgen de ninguna auditoría”, cuestionó Bodart y resaltó que “tampoco hicieron un estudio del impacto social y ambiental que provocaría el aumento porque va generar un colapso en el transporte porque la red de colectivos no está preparada para asumir a la gente que abandone al subte”.

El diputado Aníbal Ibarra aseveró que la suba “es arbitraria porque no se basa en ninguna auditoría técnica sobre los costos del servicio e injusta porque obedece a una concepción política de un subte para pocos y sólo para los que lo pueden pagar”.

El legislador Francisco “Tito” Nenna, del Frente para la Victoria, consideró por último que “el PRO somete el boleto del subte a una timba tarifaria” y advirtió que “no hubo informes técnicos ni auditorías que justifiquen el aumento”.

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