Por este motivo, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, vaticinó para el año próximo un debate sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, e incluso se expresó optimista respecto a esta posibilidad.

“Después de diez años se abre la posibilidad de generar una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia. Hoy debatir sobre el tema es algo prematuro, pero es un debate para el año próximo”, dijo anoche Álvarez en una entrevista con CN23.

A la muerte de Petracchi, el domingo último, se suma la de la jueza Argibay, en mayo de este año, lo que redujo el número de integrantes del máximo cuerpo de Justicia de siete miembros a cinco, que es el número mínimo que acepta la ley 26.183, luego de que estableciera la reducción de la Corte de nueve a cinco miembros.

Los cinco magistrados que integran actualmente la Corte Suprema de Justicia son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

Según Álvarez, si bien la ley dispone que la Corte puede funcionar hasta con cinco miembros, es decir como está actualmente tras los fallecimientos de Argibay y Petracchi, si renunciara Zaffaroni, tal como él mismo anunció, habrá que evaluar “si se completa la vacante o revisar cuál es el número que conforma toda la Corte”.

“Hay que estudiar el tema. La mayoría de las cortes del mundo tienen muchos miembros, a diferencia de la Argentina”, dijo Alvarez, y admitió que “hay muchas posiciones” y que, pese a que con cinco miembros bastaría, “muchos dicen que con siete funcionaba muy bien”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, explicó que “en caso de vacantes o renuncias por edad, se debe aplicar el procedimiento de selección instaurado durante el gobierno de Néstor Kirchner, que limitó la facultad del Ejecutivo en la designación de los magistrados e incluyó un mecanismo de consulta con organizaciones no gubernamentales.

“La ley establece que la Corte debe funcionar con 5 jueces, como está actualmente. Ante vacantes o renuncias por edad, como hizo público Zaffaroni, deberá procederse con la metodología que establece la ley y el decreto 222 del 2003 que impulsó Néstor Kirchner”, dijo Capitanich en rueda de prensa.

“Tenemos una ley y un procedimiento de selección, ante eventuales renuncias”, dijo Capitanich, quien recordó que ese proceso “implica un sistema de audiencias públicas, la publicación de los antecedentes de cada miembro propuesto, y un mecanismo de audiencias públicas, establecidas por el Senado de la Nación, así como un proceso de impugnación” de las candidaturas.

En ese marco, el jefe de Gabinete remarcó que “la procedencia, el género y la especialidad” del candidato propuesto “constituyen atributos evaluados en el momento de propiciar la designación de jueces de la Corte”.

Capitanich se refirió así al procedimiento impulsado por Kirchner, en la primer gran reforma que encaró el ex presidente fallecido, a mediados del año 2003, con la que generó un innovador sistema para la selección de nuevos jueces. Así, a través del decreto 222/03, fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte, ordenó la publicidad de sus antecedentes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a su candidatura y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.

Bajo esta nueva normativa, fueron designados ministros Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo máximo tribunal.

El ex juez de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, hoy radicado en Estados Unidos, destacó que la Corte logró en la gestión de Kirchner “un cambio fundamental”, e incluso ponderó que haya puesto “límites al poder”, algo que -dijo- “habla bien de la Corte Suprema”.

“La gestión de Néstor Kirchner, marcó un cambio fundamental”, destacó, y agregó que “la Corte Suprema se renovó, ganó legitimidad y ahora es una institución importante”.

Respecto a la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nombre a un nuevo miembro, el ex fiscal dijo que “tiene todas las facultades para nombrarlo y no hay razón para no hacerlo ahora”.

En la década de los noventa, durante el gobierno de Carlos Menem, la Corte se amplió pasando de 5 a 9 miembros, cambio que fue ampliamente criticado por los sectores polí­ticos y jurídicos opositores al menemismo, que consideraban que algunos miembros de la Corte actuaban como una “mayorí­a automática”, que fallaba a favor de los intereses del gobierno.

En 2006, cuando se sancionó la ley 26.183 que redujo de nueve a cinco magistrados, el tribunal supremo tenía siete integrantes, pero la norma detuvo el proceso de designación de los dos jueces que restaban para alcanzar la composición de aquel entonces, fijada en nueve miembros a partir de la expansión menemista.

En ese momento no se llegaron a barajar nombres para esos dos puestos vacantes, y la norma dispuso un mecanismo de reducción paulatina de los integrantes.

El tribunal llegaría a tener cinco miembros a medida que se produjesen dos vacantes “definitivas” por fallecimiento, jubilación o renuncia.

Además, la ley dispone que “las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán por el voto mayoritario de cuatro de sus miembros”.