Schoklender se presentó en Tribunales y aportó documentación sobre la fundación de las Madres

El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, imputado por ilícitos con manejos de fondos para la construcción de viviendas sociales, se presentó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide para aportar documentación relacionada con el funcionamiento de esa organización.

Los instrumentos entregados al juzgado «son el estatuto de la Fundación y el balance correspondiente al período 2009», aseguró el abogado Adrián Tenca, defensor de Schoklender.

«Se trata de documentación muy importante», consideró Tenca, quien acompañó esta mañana a Schoklender hasta el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2.002, de esta capital, donde tiene su sede el despacho de Oyarbide.

El letrado explicó que con el Estatuto de la Fundación Madres de Plaza de Mayo «se demuestra que Sergio Schoklender no integraba el Consejo de Administración», órgano que constituye la «máxima autoridad» y «toma las decisiones» en el organismo.

El abogado agregó que de las copias obtenidas en la Inspección General de Justicia (IGJ) del balance del período 2009 surge que «todas las gestiones -incluidas las obras- fueron aprobadas» por las autoridades de la Fundación.

Schoklender y su defensor no pudieron cotejar las actuaciones que instruye Oyarbide porque el magistrado prorrogó el «secreto de sumario» que, como la causa no fue habilitada para tramitar durante la feria judicial que comienza el próximo lunes hasta el 29 de julio, se extenderá, en los hechos, al menos hasta agosto.

Cuando la causa llegó al juzgado de Oyarbide, el ex apoderado de la Fundación entregó ocho cajas lacradas con documentación vinculada a los presuntos ilícitos que se le atribuyen, entre ellos el lavado de dinero.

Antes de solicitar una licencia por un par de semanas, Oyarbide pasó esas cajas al fiscal federal Jorge Di Lello, quien impulsó la investigación penal.

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo también está implicado en otro sumario ante la justicia federal por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas en la zona del «bajo» Flores.

El juez federal Ariel Lijo instruye una denuncia formulada por Miriam Aquino y Adela e Irma Pacheco, como representantes de la asociación civil «Esperanzas de un cambio».

La asociación habría sido creada por consejo de Schoklender, quien, como apoderado de la Fundación, se interesó en la situación de centenares de familias de la villa «El Cartón», cuyas viviendas fueron destruidas por un incendio en febrero de 2007.

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