“Pido a mis compañeros docentes que vuelvan a las aulas, que pensemos en los chicos, que no los castiguemos por nuestros intereses”.

En declaraciones difundidas por la oficina de prensa del gobierno santacruceño, Gaete lamentó los “destrozos” que observó en una escuela de Pico Truncado, también en la zona norte, epicentro de los conflictos docente y petrolero que afectan a la provincia.

Tras recorrer “todas las escuelas” del norte santacruceño, “lo que vi en este establecimiento educacional me dolió muchísimo porque no puedo creer que podamos llegar a este tipo de circunstancias, que tengamos tanta ceguera”, cuestionó.

“Estoy realmente dolida -dijo- porque tuve que ver bancos y sillas afuera, puertas con candados, dos o tres cadenas en cada acceso. Una escuela no tiene que estar en esa circunstancia porque hoy a los chicos no se les tiene qué enseñar, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos”.

También remarcó que los edificios, muebles y efectos escolares que contienen “no son de los funcionarios” sino que “salen del bolsillo de todos los ciudadanos”.

“Me pregunto qué le estamos enseñando a nuestros alumnos, con qué cara nos vamos a presentar delante de ellos para indicarles algo, qué nos va a contestar un estudiante después de todo ésto”, planteó luego.

Gaete relató que nació en un pueblo de Catamarca -de donde son oriundos o descendientes muchos pobladores del norte provincial- y que desde “muy jovencita” fue maestra en “zonas muy desfavorables, donde tenía que cocinar, lavar y planchar” para los alumnos y también “limpiar la escuela con `pichana`”.

“Creo que hoy no podemos quejarnos, más allá de muchas cosas que nos faltan todavía, tenemos buenos edificios para recibir a nuestros alumnos y dar clases de la mejor manera, y tenemos docentes muy buenos frente a alumnos”, aseveró.

Las Asociaciones Docentes de Santa Cruz (Adosac) y del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) sostienen desde el 15 de abril un paro por tiempo indeterminado en demanda de un aumento salarial del 50% y rechazaron tres ofertas del gobierno, la última del 25% en tres pagos.

El 2 de mayo la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que fue apelada por los sindicatos, a los que la justicia intimó a acatarla en fallos de primera y segunda instancia, sin lograr que depongan las medidas de fuerza.

Tampoco lo hicieron el lunes pasado en la audiencia convocada por la cartera laboral, por lo que el gobierno aplicó por decreto el 25% de aumento en dos pagos -el primero retroactivo a marzo y el resto en julio- y la Fiscalía de Estado pidió a la justicia que declare ilegal la huelga.

El congreso provincial de la Adosac se reunió ayer en Río Gallegos, cuestionó la medida “unilateral” del gobierno, la rechazó por unanimidad y ratificó el paro, a la espera de recibir una “oferta superadora” que permita destrabar el conflicto.

El ministro de Economía, Diego Robles, insistió en que el sueldo de los docentes “sin el aumento” rechazado por los sindicatos, que lleva a 4.700 pesos el salario del maestro de grado con dedicación simple y sin antigüedad, “es el más alto del país”.

“Qué ejemplo le estamos dando a la sociedad cuando nuestros formadores, aquellos que tienen ese noble oficio, agraden a sus colegas, promueven la toma de escuelas, toman edificios públicos o desoyen los fallos judiciales”, argumentó.

El ministro aclaró luego que no se refería a “todos” los docentes sino a “un grupo minoritario que le está dando el ejemplo a la sociedad sobre la falta de respeto hacia la ley”.