Durante las tres jornadas de la semana, pasaron por el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1), testigos que vincularon al terrorismo de Estado, con la justicia federal cordobesa y sectores de la iglesia católica y de la política.

Uno de los testimonios fue el brindado por el ex preso político, Fermín Rivera, cuya denuncia realizada en 1983 ante un juez federal de Rawson, donde estaba detenido, dió inicio a la causa «Videla» que hoy se juzga.

En su declaración, Rivera relacionó al ex juez federal de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas, de «colaborar» con los represores, y precisó que lo indagó ½varias veces», pero nunca le tomó la denuncia sobre las torturas de que estaba siendo objeto.

En su extensa declaración de más de cuatro horas y media, también se refirió al sacerdote del penal, el padre Luchesse, quien había intentado intervenir para frenar las torturas, pero ante esto fue derivado a la atención sólo de los presos comunes.

Recordó que en su reemplazo fue designado el capellán del III Cuerpo de Ejército, Eduardo Mac Kinnon, junto al cura Sabas Gallardo, quienes “recomendaban” a los presos «cooperar» con las torturas ya que «dos días de tortura no es pecado porque se puede salvar la vida a otras personas».

Otro de los testimonios fue el brindado por Jorge de Breuil, hermano de Gustavo, que fue fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja e Higinio Toranzo el 14 de agosto de 1976, en un supuesto intento de fuga.

De Breuil reconoció a Victor Pino Cano, como el primer militar que ingresó al pabellón de los presos políticos, involucrándolo directamente con el control de los presos políticos en la UP1.

Había sido detenido en 1975 y pasó por los centros de detendión del Departamento de Informaciones policiales D2; La Rivera; La Perla; UP1 y el penal de Sierra Chica, y reconoció a distintos acusados como sus torturadores.

El testigo, también hizo referencia a la complicidad que existía entre el terrorismo de Estado y la justicia federal de Córdoba en aquellos años.

De Breuil relató que cuando estuvo en La Perla le dijeron que el entonces juez federal Aldolfo Zamboni Ledesma y su secretario Carlos Otero Alvarez, «pertenecian a los Comandos Libertadores de América», una estructura similar a la Triple A que operó en Córdoba antes del golpe militar de 1976.

La vinculación política con el juicio, se presentó cuando la abogada querellante María Elba Martínez, le solicitó que al tribunal cite a declarar a Oscar Aguad basándose en el testimonio que realizó el ex policía de la D2 Luis Urquiza, quien fue torturado en esa dependencia.

Urquiza, había identificado al represor Carlos «Tucan» Yanicelli, como uno de sus torturadores y denunció que continuó cumpliendo funciones en la policía durante el gobierno radical de Ramón Mestre.

Urquiza relató cómo el actual diputado nacional (UCR), Oscar Aguad, siendo Ministro de Asuntos Institucionales de la provincia durante el gobierno de Ramón Bautista Mestre, le dijo que si no bajaba el perfil de las denuncias en contra del personal policial que había actuado durante la dictadura militar él «no le podía garantizar su seguridad».

En esa época, Urquiza había denunciado en los medios de comunicación la presencia activa de policías que fueron represores durante la dictadura militar, y la pasividad del entonces gobierno provincial.

Recordó que en una discusión que mantuvo con Aguad, éste le manifestó: «yo no puedo hacer una sangría dentro de la policía porque se me va a levantar la Guardia de Infantería, yo mismo estoy amenazado», por lo que Urquiza decidió exiliarse nuevamente en Dinamarca.

Las audiencias se retomarán el próximo martes a las 9.30, cuando concurra nuevamente al tribunal Fermín Rivera, para responder a las preguntas que le realicen tanto los abogados de la querella como los de la defensa.