El Tribunal, que sesionó desde las 11 en el anexo del Senado provincial, ubicado en calles 7 y 49, del centro platense, resolvió hoy restituir en su cargo a Sal Lari luego de que la Comisión Bicameral y el intendente sanisidrense, Gustavo Posse, desistieran de acusarlo.

El magistrado sólo manifestó al retirarse de la audiencia que “terminó un proceso que se resolvió como se debía resolver”.

“Estábamos seguros de que se iba a resolver así”, afirmó y al ser consultado sobre si mañana ocuparía nuevamente su despacho, dijo escuetamente que “seguro que sí”.
Sal Lari fue suspendido en abril del año pasado, luego de que el jury decidió acusarlo por sólo una de las once causas por las que lo habían denunciado: el denominado “Caso González”.
El juez fue acusado por no haber efectivizado, luego de siete meses, la libertad concedida en 2005 a un imputado llamado Jorge González, a quien la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro le había revocado la prisión preventiva ordenada por Sal Lari.
Al iniciarse el juicio, la Comisión Bicameral desistió de la acusación porque después de que el juez fuera suspendido, la misma Cámara de San Isidro lo sobreseyó.
Ante esta situación, el jurado dio traslado al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, para que se expida sobre si deseaba mantener la acusación contra el magistrado.
El 12 de julio último, el presidente de la Suprema Corte y del Jurado, Eduardo de Lázzari, notificó a Posse que debía depositar una caución de 180.000 pesos si quería continuar con el juicio y le dio un plazo de cinco días para depositar el dinero, pero el intendente desistió.

Además, el jefe comunal efectuó un planteo de recusación contra los conjueces Raúl Tripicchio y Juan Carlos París, por considerar que habían emitido opinión, planteo que fue desestimado por el jurado por considerar que ambos conjueces se habían expedido sobre la verosimilitud del caso sin que eso los pueda inhibir de participar del jury.

Posse también efectuó un planteo de revisión de los cargos desestimados por el Jurado, lo que fue rechazado por considerar que eso supondría reeditar planteos vencidos asegurando que los diez cargos “fueron rechazados y esa decisión está firme”.

Durante la audiencia de hoy, la parte acusadora no se presentó, por lo que la defensa de Sal Lari pidió la absolución del magistrado suspendido y la reposición en su cargo, lo que motivó que el jurado pasase a un cuarto intermedio para deliberar.

Tras una hora y media de deliberación, el jurado retomó la audiencia y dejó constancia de que la parte acusadora no efectuó el pago de la caución de 180.000 pesos pedida como garantía de juicio y realizó una serie de planteos de revisión calificados de “inadmisibles.

El jurado sostuvo que “los acusadores subordinaron su accionar a la posibilidad de realizarlo en condiciones que ellos querían retrotrayendo el proceso al incorporar los cargos desistidos, lo que supondría no respetar la seguridad y corrección del proceso”, por lo que se resolvió tener como desistida la acusación.

Finalmente, el jurado rechazó los planteos de Posse, ordenó “el cierre y archivo de las actuaciones y la restitución en su cargo del juez Rafael Sal Lari”.
Vivian Perrone, presidenta de Madres del Dolor, expresó tras conocer el fallo del jury que “los jueces son poderosos, tienen más derechos que los demás ciudadanos”.

“Pido perdón a los buenos jueces, a los buenos fiscales, pero Rafael Sal Lari acaba de ensuciar el nombre de todos los demás jueces. Su nombre es sinónimo de desidia, de homicidio, de violaciones, Sal Lari se perdió la oportunidad de limpiar el nombre de un juez”.

Por su parte, el intendente Posse, quien junto a las Madres del Dolor, aguardó el resultado del jury en las puertas del Senado provincial, remarcó que “por no dar dinero fuimos apartados del juicio”.

“Queríamos que fueran tratadas la totalidad de las causas”, recalcó el intendente al manifestar su disconformidad con lo resuelto antes de que se aceptara enjuiciar a Sal Lari por sólo una de las once denuncias en su contra.

“Así como estos jueces no piden dinero a los delincuentes al ser excarcelados por qué razón pedir una caución de ciento ochenta mil pesos a las víctimas”, concluyó Posse.