Rechazan la queja de Cristina Kirchner por “denegación de justicia”

La ex presidenta había hecho un reclamo por presuntas demoras en la definición de su situación procesal. La Cámara de Casación no hizo lugar a su pedido.

La Cámara de Casación rechazó hoy el recurso presentado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del cual se quejó por las presuntas demoras de la Cámara Federal porteña, que debe definir su situación procesal en la causa conocida como “dólar futuro”.

Los miembros de la Sala I de la Casación decidieron “no hacer lugar” al reclamo por “denegación de justicia” presentado por la ex mandataria pero le reclamaron los miembros de la sala II de la Cámara Federal a que “con la mayor premura” definan la situación procesal de los acusados.

“No se advierte inactividad por parte de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por lo que corresponde no hacer lugar a la queja por retardo de justicia”, sostuvieron los camaristas Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Si hubiera aceptado la presentación por “denegación de justicia”, realizada el último viernes por Carlos Beraldi, abogado de la ex jefa de Estado, hubieran quedado expuestos los miembros de la sala II de la Cámara Federal quienes podrían haber sido recurridos.

Hace 10 días la ex presidenta le había reclamado a la Cámara Federal que definiera si será sobreseída o irá a juicio oral en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compraventa de dólar futuro durante el final de su mandato.

Beraldi había presentado un pedido de “pronto despacho” en la que le reclamó a la sala II de la Cámara Federal porteña que confirme o revoque el procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadio, algo que le fue respondido de manera negativa.

Fuentes judiciales habían informado a Télam que Beraldi solicitó el “pronto despacho” del expediente tras considerar que ya venció el plazo establecido para que la Cámara decida si confirma el procesamiento de la ex jefa de Estado o si la sobresee, como ella solicitó hace ya más de un mes.

“Lo que Cristina persigue es que se resuelva su situación procesal en la causa, ya sea sobreseyéndola o bien confirmando el procesamiento de Bonadio, lo cual le permitiría ir a un juicio oral y público en el cual defender su posición”, explicaron las fuentes.

La sala II de la Cámara Federal porteña, que será la encargada de definir la situación procesal de la ex presidenta, está integrada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani quien se encuentra de licencia.

El juez Bonadio procesó a la ex presidenta por “defraudación a la administración pública” en el marco de la causa en la que se investiga si hubo irregularidades en la fijación del precio del dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015, al final del tercer mandato kirchnerista.

En el fallo que emitió el 13 de mayo, el magistrado también procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.

“Al momento mismo de realizar esos contratos, se estaba soslayando olímpica y deliberadamente el verdadero precio de mercado, teniendo en cuenta el contexto económico imperante en el país, al cual el mercado como se ha visto no era ajeno”, sostuvo Bonadio en el fallo en el que sostuvo que la decisión política de la entonces presidenta le generó perdidas al Estado.

La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20 de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo; y el radicalismo, Mario Negri; en lo que fue el primer movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta electoral para elegir presidente.

Los legisladores, asesorados por el actual ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sostenían que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15.

Aunque los diputados opositores no habían denunciado a la entonces presidenta, en febrero Bonadío la acusó de haber aprobado operatoria que habría representado “una pérdida de 17.000 millones de dólares” a la institución monetaria, según constaba en la imputación.

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