Ambos están acusados por la contratación del sindicado espía Gerardo Ciro James, en el marco de la causa que investiga un sistema de escuchas telefónicas ilegales.

La decisión incluyó embargos de 250 mil pesos a cada uno de los ex funcionarios por considerarlos responsables de la contratación de James en la cartera de Educación desde el 16 de marzo de 2008 al 1 de octubre de 2009.

Ciro James fue contratado con un sueldo de seis mil pesos mensuales, sin que realizara allí ninguna actividad concreta ya que por esa época según la causa se dedicaba a instrumentar escuchas ilegales a distintos afectados, según la decisión de más de 200 carillas emitida hoy.

Según el juez la contratación de James, también procesado en la causa y recientemente excarcelado, obedeció a la necesidad de retribuirle de alguna manera la tarea que realizaba para el entonces jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios usando la estructura del gobierno de la Ciudad.

Tanto James como también el recientemente excarcelado Palacios y el jefe de Gobierno Mauricio Macri están procesados en la causa como supuestos miembros de una asociación ilícita que realizaba escuchas usando la estructura del gobierno local y mediante falsas órdenes judiciales que partían de Misiones.

Esas órdenes se instrumentaban en la Secretaría de Inteligencia del Estado, como una referida al familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein.

Narodowski tenía falta de mérito en la causa pero fue llamado nuevamente a indagatoria y vuelto a procesar ayer por entenderse que “dispuso la contratación de Ciro Gerardo James por el monto máximo de remuneración mensual que la legislación de la ciudad le permitía, sin que se acredite en autos contraprestación alguna por parte de éste último en el marco de esa relación laboral”, según la resolución.

“Se advierte que Mariano Narodowski, en su carácter de autor principal del delito antes mencionado, comenzó con la ejecución del hecho, por ser él quien únicamente tenía la posibilidad de obligar abusivamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contratando a un empleado que, sabía, no prestaría funciones”, agregó Oyarbide.

El ex funcionario “era quien se encontraba en la posición de custodia de los bienes confiados por la administración publica local, en su carácter de titular de un Ministerio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, fundamentó.

En cuanto a Barroso, el mismo James la nombró en sus indagatorias como su contacto directo en Educación y para el juez hubo “connivencia” entre el “ex Ministro de Educación porteño y quien fuera su jefa de Gabinete para lograr el objetivo” entre otros aspectos “omitiendo llevar adelante el control pertinente”.

Barroso “prestó una cuantiosa colaboración en la segunda etapa de ejecución, que se caracterizó por dos aportes: el primero radicó en no efectuar los controles o avisos pertinentes acerca de la no prestación efectivamente del servicio convenido, y el segundo consistió en acreditar frente a terceros que tal prestación había sido cumplida”.