El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes además ratificaron el procesamiento del ex secretario de Obra Pública José López y de su vice, Abel Fatala, entre otros ex funcionarios.

De Vido, que se encuentra detenido desde octubre del año pasado en el penal de Marcos Paz, había llegado a la Cámara con una falta de mérito, aunque ahora los jueces consideraron que la responsabilidad por la defraudación al Estado no era sólo de los funcionarios que estaban bajo su órbita, sino que alcanzaba también al ministro.

Los jueces de la Sala I impusieron embargos que van hasta los 250 millones de pesos y confirmaron también los procesamientos de Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrian Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi, todos acusados de ser “autores” de la maniobra de defraudación a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que conducía Sergio Schoklender.

“La imputación cursada a los encausados contiene una descripción suficientemente circunstanciada, detallada y precisa de los hechos reprochados, incluyendo tanto una explicación global de la maniobra, como la indicación concreta de la conducta llevada a cabo por cada uno de ellos”, sostuvo la Cámara.

El Tribunal remarcó que “se utilizó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal”.

En concreto, lo que se investiga es el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, “para lo que contaron con la colaboración de otros empleados infieles de la Fundación, así como también con terceras personas y empresas”.

El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por un total de 748.719.414 de pesos.

“Se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida”, indicó el fallo sobre la Fundación y agregó que -del dinero otorgado por la Secretaría de Obras Públicas- “sólo la suma de 516.247.173 pesos pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras”.

Se investiga entonces un faltante de 206.438.454 pesos que “fueron desviados de su fin específico”, entre ellas a financieras, mientras que también se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender y emisión de cheques que “lo tenían como beneficiario”.
Se detectaron también “hasta pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas”, indicaron.

Los jueces valoraron la declaración del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien sostuvo que “las autoridades nacionales además de condicionar la obra determinaron que aquella debía llevarse a cabo a través del proyecto ‘Misión Sueños Compartidos de Inserción Social y Laboral”.

En la causa tienen falta de mérito los ex gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Misiones, Maurice Closs y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.