El titular del juzgado federal 10 ordenó también el procesamiento, pero sin prisión preventiva aunque con un embargo de 20 millones de pesos, del sucesor de Jaime en el cargo, Juan Pablo Schiavi, y de los empresarios Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri.

Tanto Jaime como su asesor están detenidos desde el pasado 2 de abril y fueron imputados por cinco delitos de corrupción: peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias.

Dichos delitos que se materializaron en la compra “de material ferroviario caro y viejo” entre 2002 y 2012, por un valor de algo más de 100 millones de euros.

En el caso de Schiavi, fue procesado como “partícipe necesario” de los delitos de peculado de bienes y administración fraudulenta, al renovar esos contratos cuando se hizo cargo de la Secretaría de Transporte en el 2009.

En uno de los párrafos de la resolución, Ercolini contrapuso el valor pagado por los coches y locomotoras viejas, de entre 1,04 y 5,2 millones de dólares, con las formaciones nuevas adquiridas a China en el 2013 a un valor e U$S 1.799.185, con el salto que en tecnología significó el avance y modernidad de las nuevas unidades adquiridas.

Según la resolución, se encuentra “suficientemente probado” que tanto Jaime como los otros cuatro procesados “generaron un perjuicio patrimonial ilegítimo e injusto al erario público” con la política implementada desde la función pública.

“Se ha comprado material ferroviario caro, viejo y con características y condiciones que de antemano no serían aptas para las vías existentes en el país y el sistema ferroviario nacional”, añadió Ercolini.

Jaime sostuvo en su descargo que sólo había cumplido las órdenes del Poder Ejecutivo al comprar material rodante desechado en España y Portugal con veinte años de uso para reemplazar al que estaba en uso en el país, con sesenta años de rodamiento.

“Significó todo lo contrario a los fines declarados, ya que con estos contratos millonarios, no se renovó, ni se modernizó, ni se restauró el sistema ferroviario, aunque sí, el área quedó más endeudada y deteriorada”, aseguró Ercolini.

Para el juez se comprobó “la falta de utilidad y eficacia de las compras realizadas ya que de las 340 unidades llegadas de España entre agosto, septiembre y diciembre del 2007″actualmente en operación hay 25”.

Según lo cómputos del juzgado, 86 unidades compradas “no están operativas; 88 son las que no están aptas para operar; no constan datos de su estado en 117; aptos parar operar son veintidós (22) y actualmente en operación hay veinticinco (25) unidades.

“Toda esa actividad se realizó evitando la transparencia. Nótese que al momento de la contratación no se efectuaron mínimas comparaciones de precios que permitieran valorar la razonabilidad y sus alternativas, y que el único informe con el que se contaba no resultaba positivo en el sentido de cubrir las necesidades ferroviarias declaradas en emergencia, al menos en el corto plazo”, añade el auto de procesamiento.

En paralelo, Ercolini consideró probado que “la época del incremento patrimonial injustificado (de Jaime y su asesor) coincide con aquella en la que realizó las negociaciones que culminaron en la firma de los contratos con España y Portugal por la compra del material ferroviario.

El empresario Soba Rojo, sostuvo el juez, “sido la persona elegida por Ricardo Jaime y Manuel Vázquez como la persona interpuesta que les permitió realizar los acuerdos que generaron una disposición patrimonial extraordinariamente elevada que menoscabó el patrimonio del Estado Nacional por la compra de material rodante que, encontrándose en pésimas condiciones, se pagó como si fuera de utilidad para una necesaria nueva etapa de los ferrocarriles argentinos”.