La comisión de Educación, que preside la macrista Victoria Morales Gorleri, un despacho de mayoría firmado por diputados del PRO, que crea el “Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa”, y otro de la oposición, que otorga un perfil nuevo al mecanismo de evaluación que funciona dentro del sistema educativo.

El proyecto del Ejecutivo plantea que el Instituto funcione como una entidad autárquica que “contribuya al mejoramiento de la calidad y equidad educativa” y evalúe “el aprendizaje de los alumnos y las prácticas del docente”.

También propone que haga encuestas “publicando sus resultados” y bajo un sistema de presupuesto que permita subvenciones de organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

Eduardo López, que habló en la reunión como representante de Ctera, fue el primero de una larga lista de críticos al proyecto: “proponer una evaluación del docente desde un organismo externo es querer direccionar la educación y estigmatizar al trabajador”, cuestionó.

“Una evaluación del docente punitiva y no participativa, como la que nos presenta el PRO, nos hace pensar en que detrás de este proyecto hay una intención de hacer un ´ránking´ de escuelas”, apuntó Guillermo Parodi, de UTE.

El legislador Francisco “Tito” Nenna (FPV), expresó su rechazo al proyecto al subrayar los “criterios punitivos y la estandarización compulsiva bajo paradigmas de rendimiento calcados de organismos financieros”.

“El macrismo pretende una evaluación que estigmatice escuelas, docentes y estudiantes bajo parámetros descontextualizados”, aseveró el legislador y dirigente docente.

La diputada Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro, sumó su oposición al considerar que el macrismo tiene “dos concepciones diametralmente opuestas sobre el sistema de evaluación”.

“Nuestra visión es que la evaluación debe generarse desde adentro del Ministerio” y eso requiere “fortalecer esas áreas y no crear ningún ente autárquico que además pueda realizar convenios con organismos internacionales de evaluación externa al sistema”, manifestó Bisutti.

Virgina González Gass, de Proyecto Sur, dijo que la iniciativa del Pro “se corresponde con un proyecto neoliberal que está avanzado por Latinoamérica”, mientras que el diputado del MST, Alejandro Bodart, dijo que es un “nuevo golpe a la educación pública” en la ciudad de Buenos Aires.

Para la legisladora Laura García Tuñón “es gravísimo que el texto del Ejecutivo acepte una financiación de organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, porque eso es claramente una puerta a la privatización del sistema de educación”.

“Con este invento PRO, el macrismo plantea una política tecnicista y empresarial, más parecido a un negocio que a una medida educativa seria y responsable”, señaló.

El Ministerio de Educación porteño, afirmó García Tuñón, “ya cuenta con las herramientas suficientes para llevar a cabo una política educativa que atienda la necesidad de una evaluación integral para sus políticas y sujetos”.