La querella, que representó a dos de los tres heridos de bala en ese episodio, hizo extensivo el pedido de la máxima pena para la totalidad de los 17 acusados por el delito de “homicidio calificado” en grado de tentativa en dos ocasiones, al considerarlos a todos partícipes de “un mismo plan criminal gestado y organizado en común”.

Al igual que la querella que representó a la familia de Ferreyra, las abogadas María del Carmen Verdú y Claudia Ferrero acusaron a Pedraza de ser el “instigador” de los hechos junto a su entonces mano derecha en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

En un alegato de marcado tono político, las abogadas pidieron una condena uniforme para todos los integrantes de la patota ferroviaria.

La pena de 25 años de prisión, equivalente a la perpetuidad, fue solicitada para el delegado y organizador, Pablo Díaz; para los presuntos autores materiales, Cristian Favale y Gabriel Sánchez; y para los activistas del sindicato ferroviario Guillermo Uño, Francisco Pipitó, Claudio Arcorcel y Jorge González.

También colocaron en el mismo plano de “participes del plan criminal”, y no por el mero “abandono de persona”, a los siete policías acusados: Hugo Ernesto Lompizano, Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Raúl Ferreyra,Luis Alberto Echavarría, Rolando César Garay y Gastón Maximiliano Ezequiel Conti e Ismael Vilalba

Como los policías llegaron al juicio en libertad, la querella pidió de manera especifica que en caso de que sean condenados, el Tribunal Oral Criminal 21 ordene su detención inmediata para que la pena sea de cumplimiento efectivo y no condicional hasta que se completen todas las apelaciones, lo que podría demandar años.

El TOC21 citó a audiencia para el lunes próximo a las 10 de la mañana para el inicio de los alegatos de las defensas.